Pese a que la idea no le gustaba hace un par de meses y provocó revuelo al exigir se reformulara el papel de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, el general mexicano Salvador Cienfuegos cambió de opinión.
El secretario de la Defensa Nacional dijo que los militares no se van a retirar de las calles porque los mexicanos quieren al Ejército a cargo de su seguridad, no nada más por orden del presidente de la República.Sin embargo, el general aclaró que su presencia irá disminuyendo, pero seguirán “patrullando” a pesar de que no es su función, hasta que los estados renueven y mejoren a sus cuerpos policiacos.
Ante la decisión del gobierno de utilizar la fuerza militar en contra de criminales, hace ya una década, el país sigue intentando mejorar sus estándares y policías, a menudo señaladas de corruptas e ineficaces.
Esta misma semana, Cienfuegos hizo un llamado al Congreso, los gobernadores y al presidente Enrique Peña Nieto para asumir una mayor responsabilidad en las tareas de seguridad.
Sin embargo, defendió el papel fundamental de los militares en lugares como Tamaulipas, donde la violencia del crimen organizado no se ha podido contener.
En los primeros días de diciembre, Salvador Cienfuegos puso el tema sobre la mesa, citó a la prensa en un movimiento atípico y expresó que los soldados deberían estar en los cuarteles, que esas eran sus tareas constitucionales.
Alegó que los militares no habían estudiado para perseguir delincuentes, porque eso estaba desnaturalizando sus funciones originales. Señal evidente del desgaste castrense desde el inicio de la “guerra contra el narcotráfico” en el sexenio del conservador Felipe Calderón.A mediados de febrero, los diputados aplazaron la discusión y aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que definirá las tareas del Ejército y la Marina en el combate al narcotráfico.
Se decidió abrir un periodo de audiencias con varios involucrados en la discusión, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, representantes de organizaciones civiles y los titulares de las secretarías de la Defensa y Marina.La preocupación es sobre el marco jurídico para definir el papel de las fuerzas armadas en materia de seguridad, que continuaría reduciendo la actuación de las policías locales y estatales e incluso la federal, a quienes realmente corresponden dichas tareas.Mientras, la Ley de Seguridad Interior ya cuenta con el aval del PRI, quien ve que la discusión se retomará muy pronto en la Cámara de Diputados, de ser posible a finales de este mes para dejar listo el dictamen y discutirlo en el pleno.Pero un partido de izquierda, como el PRD, aclaró que no hay ningún acuerdo sobre próximos ajustes a la ley, ya que primero deben discutir otro tema pendiente, como la implementación del Mando ínico.
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