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El derecho al aborto en la Ciudad de México podría ser prohibido



Desde que en el 2007 se legalizó el aborto en la Ciudad de México, grupos conservadores, de derechos humanos y líderes religiosos iniciaron una campaña para impedir que este derecho se extendiera a más estados del país.

Esta semana, estos grupos revivieron sus intenciones y solicitaron al gobierno capitalino que se suspenda la validez del derecho al aborto en la nueva constitución para la capital mexicana que es discutida en la Asamblea Constituyente y que se espera sea aprobada al inicio del próximo año.

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En el comunicado redactado por la asociación civil “Vida para Nacer” de Roberto O´Farrill Corona, se acusa al alcalde de la CDMX, al congreso local y la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ser “transgresores” que dejaron al país en la “vergonzosa situación violatoria” de convenios internacionales y permitir el aborto.

El tratado al que se refieren, el Pacto de San José de Costa Rica, fue firmado por México durante la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969 el cual establece en su artículo cuarto, “toda persona tiene el derecho a que se respete su vida” y ese derecho quedará protegido por la ley. A partir de la concepción, “nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

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La senadora y asambleísta constituyente del Partido Revolucionario Institucional, Lisbeth Hernández Lecona, Fernando Guzmán Pérez Peláez, del conservador Partido Acción Nacional y el rabino Abraham Paltí son otros de los impulsores de la cancelación de los derechos fundamentales de la mujer.

Hugo Contreras Lamadrid, especialista en derechos humanos, director del seminario de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la UNAM, señaló para el semanario mexicano Proceso, que la violación (del tratado) es “continua además de sistemática”, ya que se han realizado alrededor de 170 mil abortos desde 2007 hasta la fecha en la CDMX.

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Para enmendar esta transgresión internacional, el grupo que afirma defender a la mujer y a la familia, considera urgente “dejar sin efectos las disposiciones que favorecieron” la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación.

El argumento que usan, así como lo han hecho para frenar la misiva en otros estados del país, es el de la conservación de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, la “preservación”, de la vida de todos los mexicanos desde antes de nacer.

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Sin embargo, las oficinas de la ONU en México sobre Igualdad y Derechos Humanos, el Fondo de Población de Naciones Unidas y diversas organizaciones que defienden los derechos de la mujer advirtieron que el impedimento legal del aborto implica una “regresión” que podría llegar a contribuir a una estigmatización de las mujeres que deseen acceder a servicios básicos de salud reproductiva y sexual.

Además de la criminalización y el proceso penal que deben enfrentar, se promoverá la violencia contra las mujeres y entre ellas mismas, crecerá el riesgo que implican los embarazos adolescentes, la mortalidad materna y sobretodo, la proliferación de los abortos clandestinos en sitios insalubres, incapaces de garantizar el bienestar de la madre durante y después del proceso.

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Actualmente en México 18 constituciones estatales penalizan el aborto y sólo se permite, en todos los casos, si la mujer fue violada.  Sólo algunos otros 

lo permiten por las causales de inseminación artificial no consentida, riesgo para la vida de la mujer, riesgo para la salud de la mujer, malformaciones genéticas o razones socioeconómicas; pero sólo en la CDMX aplica bajo todos ellos.

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Etiquetas:femenismo
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