La transparencia y la rendición de cuentas parece no tener cabida en la vida pública de México. Y es que dos de las principales instituciones mexicanas se encuentran atrapadas en el escándalo de corrupción encabezado por la empresa brasileña de construcción Odebrecht, a quien se le acusa de sobornar a funcionarios de los más altos niveles en varios países a cambio de jugosos contratos de obra pública.

Las investigaciones ya han tenido efectos contundentes en países como Perú, en donde un expresidente es perseguido para ser juzgado y Brasil, país que también investiga las relaciones de Odebrecht con el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y al líder del congreso carioca Eduardo Cunha.

Las garras de la corrupción de Oderdecht alcanzan a Argentina, Perú, Ecuador y desde luego, a México y Brasil.

La PGR ‘blindó’ (lo que en términos jurídicos significa proteger un patrimonio o bienes con el mismo capital con el que suministra los negocios que estos involucre, según el diccionario de terminologías jurídicas de México) durante un periodo de cinco años el acceso completo a los documentos, informes y órdenes de investigación, además de rechazar cualquier solicitud de información pública y negar el acercamiento a documentos que acreditaran el soborno a altos funcionarios mexicanos.

Respondiendo a la solicitud de usuarios en “Infomex”, la PGR anunció: “Las expresiones documentales solicitadas se encuentran clasificadas como reservadas, acorde con lo establecido en los artículos 99 y 104 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 34 de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de información, ‘así como para la elaboración de versiones en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, podría permanecer con tal carácter hasta por cinco años”, información que se lee en el oficio PGR/UTAG/01304/2017 de la plataforma electrónica del Instituto Nacional de Transparencia.

Por su parte, las autoridades mexicanas no han dado ninguna declaración sobre el tema, mucho menos han relacionado nombres de funcionarios involucrados en los sobornos para los contratos entre 2010 y 2014, declararon trabajadores de la empresa brasileña en Estados Unidos.

El gobierno norteamericano, por medio del Departamento de Justicia, publicó documentos en donde presenta una red de sobornos por 6 millones de dólares a manos de empresarios brasileños y que beneficiaban a un directivo de una empresa paraestatal mexicana. Además de otros pagos por 10 millones de dólares a funcionarios federales, Odebrecht recibió ganancias por sobornos de aproximadamente 39 millones de dólares.

Irregularidades con Pemex y Latinoamerica.

Petróleos Mexicanos hizo públicos los contratos otorgados a la constructora brasileña, en donde increíblemente los documentos se encuentran con tachaduras sobre palabras, fechas, nombres de involucrados e incluso párrafos y páginas completas, las que vuelven imposible saber detalles precisos de los contratos.

Desde 2010, la Auditoría Superior de la Federación señaló anomalías en las negociaciones entre Pemex y Odebrecht, pero no realizó averiguaciones previas. Desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, la empresa brasileña triplicó su presencia en México.

En relación a Perú, Odebrecht puso sobre la mesa 29 millones de dólares para funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, abarcando 3 administraciones de gobierno federal. El expresidente Alejandro Toledo tiene una orden de captura internacional por facilitar la construcción de la carretera Interoceánica al sur de Perú, por 20 millones, mientras que en la administración de Alana García, se investigan las licitaciones en la construcción de la línea 1 del metro en Lima.

En el caso de Argentina, se investiga al exjefe de inteligencia, Gustavo Arribas. La Nación reveló que en la Agencia Federal de Inteligencia, el entonces jefe de operaciones recibió en el 2013 un pago de 600 mil dólares a través de una cuenta bancaria en Zurich perteneciente a Arribas, controlada por una ’empresa fantasma’.

Por lo pronto las investigaciones se prolongarán hasta detectar toda la red de corrupción que liga a varios países en América Latina. En el caso de México, las instituciones de transparencia no tienen efectos positivos para auxiliar en el esclarecimiento de los contratos.

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