Bajo la figura de “cancelación de créditos fiscales”, un pequeño grupo de empresas y personas fueron perdonados por el SAT y no pagarán impuestos por hasta 188 mil millones de pesos. Con ese dinero se podrían haber financiado los gastos de las secretarías de salud y de agricultura para 2017.

Cancelar una deuda implica que el organismo agotó todas las posibilidades de recaudar ese dinero y que, en función de eso, lo puede dar por perdido. Pero la secretaría a la que pertenecen no tiene mecanismos de rendición de cuenta adecuados para saber si en verdad se agotaron todos los pasos.

Según la investigación que presentó Centro del Análisis e Investigación Fundar, cerca de 15 contribuyentes gozaron de este “privilegio” desde la administración del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y volvieron a ser perdonados a través del programa “Ponte al corriente”, las 15 personas evitaron el pago de impuestos durante 7 años y por montos superiores a los 46 millones de pesos.

Mientras el SAT exprime al máximo a sus deudores convencionales, el 40% de la deuda cancelada desde 2012 fue para 36 empresas. Ninguna de estas cancelaciones han sido explicadas. Las secretarías usan el privilegio del “secreto fiscal” para no revelar ninguna información.

Si contamos desde el 2007, las condonaciones superan los 822 mil millones de pesos. La semana pasada, la clase empresarial, la misma a quien Hacienda ha perdonado sistemáticamente en los últimos años, pidió un mayor recorte al gasto gubernamental. En 2016, el 1% de las empresas que fueron beneficiadas concentraron el 85% del total de todos los créditos que dejaron de recaudarse.

Los involucrados

Cinco constructoras de la empresa GEO y VW (Volkswagen) pero también órganos públicos, como el Instituto Politécnico Nacional, aparecen en las listas de los que más dinero dejaron de pagar en los últimos 2 años.

En la misma lista aparece la empresa Servicios Financieros DC, que no es fácil de reconocer. Sin embargo, es la empresa que Elba Esther Gordillo usó para hacer negocios.

La exlíder sindical del gremio de los maestros usaba el dinero del sindicato para realizar préstamos a sus mismos dirigidos y cobrar comisiones altas. La condonación del pago de una multa fue de 66 millones de pesos y ocurrió durante el segundo año de la estancia de La Maestra en la cárcel.

Las conclusiones del informe

El Instituto de Transparencia ha denunciado una treintena de veces desde 2007 a la Secretaría de la Función Pública con el argumento de que el SAT viola las normas sobre rendición de cuentas. La SFP descartó la mitad de ellas y no ha dictaminado ni a favor ni en contra de la otra mitad.

Lo “alarmante”, según el texto publicado por la institución responsable del informe, es que las deudas que se perdonaron son las cuentas que deben más dinero.

Por ello, Fundar pidió que la forma en la que se transparentan estos procesos deberían ser públicos. El informe señala que la política de condonación es “discrecional” y “sin ningún tipo de control”.

Javier Garduño, uno los principales investigadores del reporte, pidió un proceso más claro para la condonación de impuestos. “Es necesario que las autoridades den a conocer los motivos para cancelar deudas tan altas” con tanta facilidad y a tan pocos contribuyentes.

Aquí se puede consultar el informe completo.

*Con información de: Sin Embargo, El Universal, Animal Político, Elcontribuyente.mx, Milenio.