La travesía de los inmigrantes por una mejor vida contempla una constante lucha no sólo por hallar y asentarse en un lugar que ofrezca condiciones de vida dignas para mejorar su bienestar y el de sus familias, sino también considera una incesante lucha por sobrevivir en un ambiente hostil donde el respeto a los derechos humanos no tienen cabida.
En Estados Unidos, se presentó hace poco un reporte con motivo de la queja general por abuso civil y violación a los derechos humanos, presentada por la organización de Iniciativas Comunitarias para los Migrantes en Confinamiento (CIVIC por sus siglas en inglés), donde se denuncia el abuso sexual a los migrantes que son retenidos en centros de detención, agudizados en la era Trump.
El reporte en números
La Oficina del Visitador General (OIG), recibió entre enero de 2010 y junio de 2016 un total de 36 mil 126 quejas referidas a maltrato físico y acoso sexual contra las dependencias que integran esta oficina del gobierno federal estadounidense.
El departamento de detención de migrantes perteneciente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fue la dependencia con mayor número de quejas con más de 44 por ciento, es decir, 15 mil casos se registraron en contra del ICE. Por su parte la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), encargada de detener a personas en todos los puertos de entrada del país, recibió más de 10 mil quejas.
Gracias a una petición de transparencia apoyada en la Ley de Libertad de Información que solicitó el CIVIC, detalló que la OIG investigó tan sólo 247 casos, lo que se redondea en menos del 1 por ciento de la totalidad de los expedientes.
”Para la agencia la incidencia general de este tipo de casos, es generalmente baja en comparación con el número total de personas detenidas en los reclusorios”, expresó en conferencia de prensa un vocero del ICE. Las cifras y estadísticas no ayudan para cambiar la situación y representar los derechos humanos de las personas que han sido víctimas de violación y abusos sexuales por parte de agentes del Departamento de Seguridad Interior (DHS por sus siglas en inglés) de EUA, lo cual tiene sin cuidado a la administración Trump.
”Cuando las denuncias son presentadas por las mujeres en los centros de detención de migrantes, los documentos recibidos por las autoridades son ignorados y olvidados con facilidad”, insistió el vocero.
Del total de todas las agresiones sexuales denunciadas ante el CIVIC, el 18.5 por ciento de los denunciantes se sintieron seguros y cómodos en llenar la solicitud de demanda formal contra el DHS.
Casos de denuncia y Activismo
Rossana Santos, migrante dominicana que llegó a Estados Unidos a los nueve años y que ahora ya es ciudadana estadounidense, es una activista que lucha para cambiar la situación de los inmigrantes. A pesar de ser ya residente legal, fue detenida en una cárcel del condado de York, Pensilvania; donde sufrió abuso sexual por parte de las autoridades en 2013.
Santos venía de una audiencia en la corte migratoria, cuando el policía que la escoltaba la ingresó por la fuerza al reclusorio en un cuarto con cámaras, exigiéndole que hiciera todo lo que él le ordenara y si no, la golpearía.
Tras el desafortunado suceso, la ciudadana estadounidense presentó una denuncia de abuso sexual, sin embargo en vez de darle seguimiento a las investigaciones pertinentes, las autoridades la pusieron en confinamiento solitario por 11 días.
Santos se volvió activista y denuncia que muchas mujeres no saben siquiera como presentar una denuncia o quejarse por este tipo de abusos. ”No dicen nada porque temen represalias u hostigamiento”, detalló en una entrevista a Huffington Post. Vigilantes, policías y guardias privados, son cómplices de las agresiones.
En un centro de detención en Georgia, un hombre fue detenido y registrado, uno de los guardias mientras lo cateaba le tocó a propósito los genitales. Mientras el detenido se quejaba, los demás guardias le preguntaron sus preferencias sexuales en vez de protegerle.
Otro caso se dio en Washington DC, en una agencia administrada por GEO Group donde un individuo entregó una queja tras ser víctima de abuso sexual por un médico asistente miembro de las brigadas de salud durante un examen físico.
Santos denuncia que los manuales en español del ICE, explaya en los casos de abuso sexual culpando a las mujeres de no estar informadas sobre sexualidad y que por esa razón abusan sexualmente de ellas. En cambio, en la versión en inglés, se instruye a las mujeres a denunciar crímenes en un sólo párrafo y con una lista de pasos.
”A los hombres también se les disuade de presentar quejas”, dice Santos haciendo referencia al caso de Douglas Pineda, quien fue violado en 2013 en el centro de detención de Joe Corley administrado por el GEO Group en Texas. Pineda reportó como responsable al supervisor de la cárcel, mientras que el funcionario calificó a Pineda de ser el “más estúpido” del centro de detención por haber dejado que pasara eso.
No fue hasta 2015 cuando los agentes internos del ICE, realizaron una investigación interna sobre el caso de Pineda. Su abogado proporcionado por el Estado, no puedo asistir a los juzgados y la corte declaró que ”Los hechos y la evidencia no dan sustento a decir que el incidente ocurrió”.
Hoy en día el DHS no ha dado respuesta al CIVIC ni a las víctimas de abuso sexual. CIVIC interpuso su demanda ante el congreso pidiendo que los senadores instalen una Segunda Comisión Nacional para erradicar las violaciones a derechos humanos de los migrantes y que se revise la ley para ajustar mecanismos de defensa legal para grupos vulnerables ante el abuso de poder, dirigidas específicamente al ICE y la CBP.
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