No penalizar consumidores: el ejemplo uruguayo en política de drogas

Tatiana MaillardJueves, 1 de noviembre de 2018 18:21

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Regular el comercio de sustancias y no penalizar a los consumidores son las medidas que diferencian la política de drogas de Uruguay de otras naciones.


Uruguay se mantiene como la única nación en América Latina que ha implementado una política de drogas que no prohíbe el uso de sustancias ni persigue a los consumidores. En 2017, fue el primer país del continente en regular el comercio de la marihuana en todo su territorio, por lo que cualquier ciudadano puede adquirir la hierba en una farmacia, sin que nadie lo mire con desaprobación.


Además, es de los pocos países en el continente que, históricamente, no ha perseguido a los consumidores. En cambio, sus acciones se concentran en una política sanitaria y social de “reducción de riesgos” por el uso de sustancias.


Diego Olivera Couto es cercano a esta perspectiva estatal, que defiende la libertad de los ciudadanos para consumir: desde 2016 es el titular de la Junta Nacional de Drogas en el país del Cono Sur. Especialista en trabajo social y en el diseño y evaluación de políticas públicas, Olivera trabajó previamente en la conformación de “Jóvenes en red”, un programa de atención a jóvenes en situación de riesgo, por orden del ex presidente José Mujica. Ahora, colabora con cuatro instituciones del gobierno uruguayo para prevenir el uso problemático de las drogas.


Olivera estuvo presente en la VII Conferencia Latinoamericana de Drogas, que se realizó en la Ciudad de México del 29 al 31 de octubre, donde charló en exclusiva con Cultura Colectiva.


TENER ENFOQUE:


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El titular de la Junta Nacional de Drogas, durante su ponencia en la Ciudad de México (FOTO: Adrián Pietryszyn)


¿Qué debe tomar en cuenta una política de drogas que no criminalice el cultivo ni el consumo?

Por mucho tiempo, la política de drogas se dividió entre perseguir el tráfico ilícito e intervenir el eje de la salud para disminuir la demanda. Ese enfoque demostró no ser efectivo para resolver los problemas de fondo, sino que generó que las personas relacionadas al uso de drogas sean vistas exclusivamente como delincuentes o como enfermos. Ya no se trata de controlar o de erradicar un mercado de drogas ilícitas; sino de entender qué problemas padecen las personas, las familias y las comunidades; que ocasionan el desarrollo de un vínculo problemático con las sustancias.


Es importante pensar fuera del dogma que por décadas ha planteado que es posible construir un mundo sin drogas, porque eso conlleva que todos los esfuerzos y recursos públicos se dirijan a un objetivo que es difícil de alcanzar, y que, además, no tiene sentido, pues las drogas han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad con distintos significados y tipos de uso: medicinales, religiosos, culturales.


Obviamente, hay usos que pueden provocar daños en la salud de las personas. Pero la mejor manera de enfrentar el daño es con un enfoque centrado en la salud pública, la promoción de la salud y el cuidado de las personas. Además, claro, del desarrollo social y la regulación de mercados.


En este sentido, el mercado mundial del alcohol y el tabaco, nos ha dado muchos aprendizajes. Se trata de sustancias que producen adicción, deterioran la salud y su uso prolongado puede provocar la muerte. No se les prohíbe, sino que se regulan. Este es un camino intermedio donde los estados toman el control del mercado desde el punto de vista de la Salud Pública.


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LOS ESTÁNDARES:


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Desde julio de 2017 Uruguay legalizó el consumo de marihuana en todo su territorio (FOTO: especial)


¿Hay que distinguir entre cuáles drogas pueden regularse y cuáles no?

Este será un proceso que ocurrirá inevitablemente. En Uruguay, dimos el paso hacia la regulación de la marihuana, que es la sustancia más usada, porque vimos que podíamos ganar en términos de seguridad, derechos humanos y salud pública.


Tomemos en cuenta que el prohibicionismo fomenta la existencia de bandas criminales. Y estas bandas manejan sustancias como la pasta base de cocaína, que es muy adictiva y es consumida por personas con gran desesperanza y sufrimiento social en el Cono Sur.


En un contexto de desarrollo social, protección y regulación del mercado, estoy seguro de que las sustancias más nocivas no existirían, o que tendrían un uso muy acotado, quizás asociado a los programas de reducción de riesgos. Este tipo de drogas van a requerir una regulación especial que no será la de la cannabis. Cada sustancia debería requerir una regulación diferente, de acuerdo con su potencial de daño, su generación de dependencia, y el tipo de personas o grupos que la utilizan.



LOS CONSUMIDORES:


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Consumo recreativo sin castigo. (Foto: The Journal)


¿Qué debe tomar en cuenta una política de salud para prevenir los riesgos de los consumidores?

Un proceso extenso de capacitación y formación en el uso de drogas. Porque no sólo existen prejuicios contra los consumidores por parte de la sociedad, sino del personal de salud. Esto atenta contra la posibilidad de que las personas que usan drogas sean recibidas adecuadamente en los servicios de salud, o que incluso, ellos mismos se animen a recurrir a ellos. Muchas veces la atención médica o la asistencia sanitaria se dan en un contexto de discriminación, agresividad o falta de reconocimiento a los derechos de las personas que usan drogas, particularmente cuando hablamos de la población más vulnerable, que vive en calle.


También requiere que los servicios se desplieguen en espacios físicos no tradicionales, como los hospitales: intervenir los espacios comunitarios con programas que no tengan como único objetivo que la persona deje de consumir la sustancia; sino que entiendan que, a pesar de que la persona está consumiendo, se le debe proveer de un servicio de salud. Cambiar la mentalidad: el consumo de drogas no inhabilita el derecho de una persona de ser atendido.


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La marihuana se vende en las farmacias por un precio equivalente a 114 pesos mexicanos por cinco gramos (FOTO: especial)



¿En mayor o menor medida, todos somos consumidores de alguna sustancia?

Exactamente. Pero también hay que entender que, la mayoría de la población que usa drogas psicoactivas con fines lúdicos y recreativos, no generan dependencia al uso de la sustancia. En eso son claras las investigaciones epidemiológicas. Pero aunque esto es así, tienen el derecho de recibir información oportuna para gestionar los riesgos asociados a su consumo.



LA POLÍTICA:


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Legalización en 2015. (Foto: Voces en el Fénix)


¿Cómo se desarrolló la política de drogas en Uruguay?

Hay algo muy notable en nuestro caso: nunca se penalizó ni el uso personal ni la tenencia. Si bien, en algunos momentos se llegó a castigar a las personas que tenían un pequeño cultivo; el sistema de justicia nunca persiguió a los usuarios de drogas. En Uruguay, no era necesario discutir la despenalización de la marihuana, porque nunca estuvo penalizada.


Esto permitió la incorporación de la idea de “reducción de daños” durante la presidencia de Jorge Batlle entre 2000 y 2005. Luego hubo una gran crisis política y social que congeló el debate de la regularización durante un tiempo. sin embargo, la posibilidad de la regulación ya existía.


Al día de hoy, la institucionalidad de las drogas en Uruguay tiene una alta jerarquía. La política de drogas es presidida por una figura política importante: la del pro secretario (Juan Andrés Roballo), que es quien preside la actividad de nueve ministerios en torno a las políticas públicas sobre drogas. Esa integración, asociada a que la propia Secretaría Nacional de Drogas impulsó un desarrollo teórico y conceptual en torno a la regulación de mercados, son los factores que explican el lugar que ocupamos hoy en este tema.


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Países vecinos a Uruguay mantienen una férrea política anti drogas. ¿Cómo cooperan entre ustedes?

Para preservar que no afectemos a las poblaciones fronterizas que viven bajo otro tipo de regulación, nuestras leyes impiden que los visitantes al país adquieran marihuana en el sistema regulado. Este es un sistema al que únicamente tienen acceso los ciudadanos uruguayos y los extranjeros con permiso de residencia.


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La ONU condenó la decisión del senado de Uruguay. (FOTO: especial)


Quienes defienden una política con sentido humano, enfatizan la necesidad de crear espacios para el consumo seguro de drogas. ¿Ocurre así en Uruguay?

No se ha implementado. Lo que sí tenemos, son equipos que atienden a personas en el lugar donde están consumiendo, que generalmente son espacios públicos. Trabajamos de la mano con el Ministerio de Desarrollo Social y el Gobierno de la Capital, en Montevideo, para desarrollar espacios que atiendan a personas que consumen drogas y están en situación de calle. Estos son lugares donde tienen cabida, sin importar su consumo, pues hay espacios donde niegan el acceso si la persona está bajo los efectos de una sustancia.


Ahora, una pregunta personal: ¿cuál es su vínculo con las drogas?

Soy un consumidor social de bebidas alcohólicas, nunca fui usuario de tabaco y eventualmente, durante alguna parte de mi adolescencia y de mis 20 años fui un usuario activo de marihuana. Ahora ya no lo soy.


Para mí, ha sido importante enfatizar el abuso de sustancias como un factor que genera un deterioro temprano en la salud, o que agudiza la discriminación de grupos vulnerables por parte de la sociedad.


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