CIUDAD DELGADO, El Salvador (AP) — Evelyn Beatriz Hernández, joven que fue víctima de violación y perdió su hijo durante un parto extra hospitalario en El Salvador, enfrentaba el jueves un segundo juicio por asesinato, pero el juez de sentencia declaró receso y su situación sigue en suspenso.

La abogada defensora, Bertha María Deleón, aclaró que la sesión se retomaría el viernes porque uno de los testigos de la Fiscalía no se presentó.

Aunque la Corte Suprema anuló una sentencia de 30 años de prisión por falta de pruebas, la salvadoreña de 21 años sigue siendo juzgada en un caso que ha atraído atención internacional debido a las restrictivas leyes salvadoreñas, que penalizan todo tipo de aborto.

“Soy una muchacha inocente, yo siempre les he dicho”, dijo más temprano la joven al ingresar a la sala de audiencias del Centro Integrado de Justicia de Ciudad Delgado, un pequeño municipio ubicado a cuatro kilómetros al nordeste de la capital.

“Yo le pido a la Fiscalía que piense la cosas porque soy inocente. Sé que el juez va hacer justicia”, agregó mientras casi un centenar de mujeres exigían su libertad.

(Foto: Twitter/ @Las17ElSavador)

The Associated Press sólo identifica por nombre a víctimas de supuestos abusos sexuales si éstas hacen públicas su identidad y acusaciones.

Antes de ingresar al tribunal, Evelyn abrazó su madre, familiares y dirigentes de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador.

Las mujeres se mantuvieron unidas, orando, y las lágrimas cubrieron el rostro de Evelyn, que después de darle un beso a su madre Josefina, caminó erguida hasta el Centro Integrado de Justicia donde un juez suplente de Sentencia decidirá su futuro.

“Estoy confiada, se hará justicia. Mi meta es seguir estudiando y salir adelante”, manifestó.

Representantes de misiones diplomáticas, entre ellas Canadá, se hicieron presentes para observar el desarrollo del juicio.

Evelyn ya había cumplido 33 meses de su condena de 30 años cuando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revocó el fallo en su contra en febrero y ordenó un nuevo juicio con otro juez. Es la primera vez que se repite el juicio de un caso de aborto en el país, que persigue de forma agresiva en los tribunales a las mujeres que han sufrido abortos espontáneos y urgencias obstétricas, acusándolas de asesinato.

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Pese a que en su resolución la Sala de lo Penal de la Corte Suprema afirmó que no existen pruebas de que Evelyn haya actuado intencionalmente para acabar con la vida del recién nacido, el Ministerio Público no sede en sus intenciones de mandarla a la cárcel. El 15 de julio la sentaron nuevamente en el banquillo de los acusados, pero el juez declaró receso para esperar que una de las testigos de la Fiscalía se recupere de una enfermedad que le impidió presentarse al juicio.

Los abogados de la joven que sufre este calvario desde 2016, cuando dio a luz a un bebé en el retrete de su humilde vivienda en una zona rural del este del país, han denunciado que la Fiscalía –al no poder probar que la joven mató a sus hijo y ante la resolución de la Corte Suprema– cambió el argumento del supuesto delito.

Ahora la alegan comisión por omisión, es decir, que el bebé falleció porque ella omitió realizar una acción de protección, dijo a la AP la abogada, Elizabeth Deras.

El jueves por la tarde, después de que se declarara el receso, Evelyn tenía el rostro sonriente después de escuchar los testimonios de dos de los tres testigos con los que la Fiscalía busca incriminarla y dijo que “todo está súper bien, ahorita solo esperando justicia y primero Dios mañana quede absuelta. Soy inocente de lo que me acusan”.

Evelyn afirma que ignoraba que embarazada debido a una violación. Recuerda que un día de 2016 salió a un retrete exterior en su pobre comunidad rural con fuertes dolores abdominales. Al agacharse, afirma, el bebé debió caer al fondo del tanque séptico. Su madre argumentó que había encontrado a su hija desvanecida junto al retrete improvisado y que paró una camioneta descubierta para llevarla a un hospital que estaba a 30 minutos.

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Las dos mujeres insisten en que no sabían que había un bebé en el tanque séptico, pero la fiscalía no les cree.

El feto tenía 32 semanas, cerca del término del embarazo, y los forenses no pudieron determinar si había fallecido en el útero o en el pozo. La causa de la muerte sigue sin estar clara.

El Salvador es uno de los tres países de Centroamérica que prohíbe totalmente el aborto, incluso en casos de violación e incesto, o cuando la vida de la madre corre peligro.

La ley salvadoreña contempla hasta ocho años de prisión para las mujeres que interrumpen un embarazo de forma deliberada y para los médicos que puedan ayudarlas. Sin embargo, fiscales agresivos suelen elevar los cargos a homicidio con agravantes, que conllevan una pena máxima de 40 años.

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La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador ha documentado 146 procesos contra mujeres por abortos desde 2014. De esos casos, 60 mujeres fueron condenadas a prisión, 24 de ellas condenadas por homicidio con agravantes. Algunas insisten en que sufrieron abortos espontáneos y no interrumpieron sus embarazos a propósito.

Los castigos suelen recaer sobre las mujeres jóvenes y pobres, y las víctimas de violación.

El Salvador es un país profundamente religioso, donde el 80% de la población se identifica como católica o cristiana evangélica.

También es un país asolado por la violencia de pandillas y actitudes machistas sobre el papel de la mujer. Aunque no hay cifras oficiales al respecto, activistas estiman que cada año 25.000 mujeres quedan embarazadas tras ser violadas en una nación con unos seis millones de habitantes. También se cree que cada año se realizan miles de abortos clandestinos.

* Con información de AP Por MARCOS ALEMÁN. Fotografía de portada: AP Foto/Salvador Melendez, Archivo.

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