Costa Rica dio un paso importante para reconocer los derechos de la comunidad LGBT; el máximo tribunal de justicia de del país centroamericano declaró como inconstitucional una norma que prohibía el matrimonio homosexual y ordenó al Congreso, con alta presencia de diputados evangélicos, derogarla en un plazo de 18 meses.
Sin embargo, la celebración tendrá tintes agridulces debido a que la resolución del máximo tribunal de justicia no es absoluta.
Costa Rica es uno de los países latinoamericanos con mayor rezago en los derechos de la comunidad LGBT. (Foto: AFP)
La decisión se produce siete meses después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reconociera que las parejas homosexuales tienen los mismos derechos que las heterosexuales.
Se insta a la Asamblea Legislativa, en el uso de su función legislativa constitucionalmente asignada, a que en el plazo de 18 meses (…) adecue el marco jurídico nacional con la finalidad de regular los alcances y efectos derivados de las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo.
Celebración a medias
A pesar del fallo a favor del matrimonio entre las parejas del mismo sexo, si la asamblea no se pone de acuerdo en una resolución definitiva después del plazo de los 18 meses, la pequeña victoria se desvanecerá.
“La prohibición (…) se mantiene vigente por 18 meses. Si la asamblea no actúa, desaparece la prohibición, eso está claro”, explicó el juez Castillo, el único de los siete integrantes de la sala constitucional que votó por mantener la prohibición.
El fallo fue criticado por activistas de derechos humanos y de la comunidad LGBTI por reconocer sus derechos pero postergar su puesta en vigor.
Aunque aún falta que se apruebe de manera definitoria, las reacciones han sido agridulces por parte de la comunidad LGBT. (Foto: EFE)
“Aberración jurídica”
“El fallo no tiene sentido, en el fondo lo que hace es dilatar el cumplimiento de nuestros derechos”, declaró a periodistas el abogado Marco Castillo, autor de un recurso de inconstitucionalidad contra la prohibición al matrimonio igualitario.
“Que una entidad estatal reconozca que hay discriminación y al mismo tiempo permita que esa discriminación continúe por 18 meses, es una aberración jurídica”, reclamó la activista LGBTI Margarita Salas.
Sánchez, el primer legislador abiertamente homosexual del país, dijo que algunas parejas podrían recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que plantee un contencioso ante la Corte IDH, lo que expone a Costa Rica a una condena internacional, para obligar al país a anticipar la autorización del matrimonio homosexual.
*Con información de AFP.
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