La tortura sexual contra mujeres que son detenidas en México es una “práctica regular” y esto no son dichos, sino que se ha documentado y, lamentablemente, va en aumento. Es decir, cada vez son más los casos de tortura sexual relacionados con la detención arbitraria por parte de la Policía Federal y las Fuerzas Armadas en contra de las mujeres.
Los datos que confirman esta triste realidad se desprenden del informe Mujeres con la frente en alto, presentado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (PRODH), en el que se documentan 29 casos de detenciones de mujeres ocurridas entre 2006 (marcado por las violaciones de elementos de la policía en Atenco) y 2015, y que a su vez parten de 112 casos de tortura y tortura sexual que fueron atraídos en este mismo periodo de tiempo por el organismo.
En un contexto de tortura generalizada, la tortura sexual contra mujeres es frecuente en México (Foto: Especial)
Santiago Aguirre, subdirector del centro PRODH, lo relató así en la presentación del informe:
En México, la tortura sexual no es extraordinaria: ocurre cotidianamente y presenta patrones en común, pues se trata generalmente de detenciones arbitrarias, en las que se retiene a las mujeres por un tiempo prolongado antes de ponerlas a disposición de la autoridad, sin que los certificados médicos emitan constancia de los signos de tortura y sin que las víctimas cuenten con una defensa.
También destacó que, en la mayoría de los casos, las mujeres señaladas como responsables de un acto ilícito, se enfrentan con un estigma social que les impide ser escuchadas cuando denuncian haber sido víctimas de tortura sexual.
En los 29 casos que incluye el informe, 26 mujeres aún permanecen privadas de su libertad. En su detención y tortura se involucraron elementos de 12 corporaciones, entre ellos, integrantes de la Policía Federal (PF), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
Además, se documentó que en 11 casos las mujeres recibieron amenazas de violación, misma que ocurrió en 16 de los 29 casos. En 12 ocasiones las violaciones fueron tumultuarias, y en dos, ocurrió delante de familiares. En el caso de mujeres embarazadas, se agregó la amenaza de interrumpir la gestación.
Araceli Olmos, abogada del PRODH que ha acompañado estos casos, detalla que estos abusos son parte de un clima adverso a las mujeres:
En un país donde al día son asesinadas nueve mujeres y cada hora hay una denuncia por abuso sexual, estos casos dan muestra de que no estamos seguras en manos del Estado.
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Se tortura porque no se sabe investigar
La abogada e investigadora del World Justice Project, Layda Negrete, indicó que la tortura y la tortura sexual en México no ocurre de manera aislada, sino que es una práctica regular.
Los estados y las autoridades incentivan esta práctica. Hay que entender que, quien ejerce la tortura no es un loco. La tortura es un mal del sistema, no del individuo. Se ejerce la tortura porque existe una completa incapacidad para la investigación.
En todos los casos en que se denunció tortura, se impuso la carga de pruebas a la víctima. (Foto: Especial)
La frecuencia del uso de la tortura, en detrimento de una investigación exhaustiva; se ha alertado previamente. Por ejemplo: en un informe del Subcomité de Prevención de la Tortura (SPT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde se destaca que, de 2008 a 2010, el número de investigaciones iniciadas por la Procuraduría General de la República en casos de tortura superó las cuatro mil 700. En contraste, el número de consignaciones no pasó de las 33 entre los años de 2008 a 2014. A esto, hay que agregar que el número de sentencias es muy bajo: cinco en el fuero federal y diez en el local.
En el caso de las mujeres que son detenidas de manera arbitraria y sometidas a tortura sexual, existen patrones en común, de acuerdo con el informe del Centro PRODH: en ninguno de los casos se les informó de las razones de su detención, además; se usó la figura de la flagrancia para justificar su detención sin pruebas. Tampoco fueron puestas a disposición de las autoridades de manera inmediata, sino que fueron retenidas entre seis y 72 horas en las que fueron torturadas en instalaciones oficiales o militares.
Sobre estos datos, Negrete advierte sobre la participación de las Fuerzas Armadas:
Cuando existe participación de las autoridades federales y las Fuerzas Armadas, existe un factor de riesgo, pues se eleva la probabilidad de que ocurran actos de tortura durante sus acciones.
Los perpetradores
Los casos de tortura sexual contra mujeres privadas de su libertad ocurrieron en 12 estados: Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
Las detenciones en estos 29 casos ocurrieron por parte de elementos del Ejército, la Marina y de las policías federales, estatales y municipales.
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Las torturas sexuales ocurridas en Atenco en 2006 dan muestra de la brutalidad de las fuerzas del estado (Foto: Animal Político)
De acuerdo con el informe del PRODH, las mujeres fueron sujetas a proceso penal mediante pruebas ilícitas, como inculpaciones posteriores a la tortura. En ninguno de los casos, los jueces determinaron la invalidez de las pruebas.
Araceli Olmos, abogada del PRODH, advierte que tres de las 26 mujeres que se encuentran privadas de su libertad han sido sentenciadas, mientras que el resto se encuentra en espera de sentencia. En todos los casos, se apela a su inocencia.
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