No hay indicio alguno de que los 43 normalistas continúen con vida, pues todas las evidencias apuntan a que fueron asesinados. La desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles y no hay indicios de que estén vivos, concluyó este jueves de forma preliminar la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso.
El documento fue presentado este jueves a las madres y padres de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 como parte de los esfuerzos del actual gobierno para esclarecer el caso. Y entre las conclusiones se establece que se trató de un crimen de Estado donde participaron criminales de Guerreros Unidos y diversas autoridades estatales y federales. “No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, se lee en el informe.
Detallan informe en conferencia de prensa
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno, presentó en conferencia de prensa las primeras conclusiones preliminares de la comisión que creó en 2018 el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron en Guerrero, estado del sur del país. La comisión también concluyó “que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes” e, incluso, las acusó de “alterar hechos y circunstancias” para establecer una conclusión “ajena a la verdad”. De igual manera agregó, “sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”, mencionó Encinas sobre las autoridades, incluyendo miembros del Ejército y de las policías locales. El funcionario también reconoció que “no hay indicios” de que ninguno de los estudiantes esté vivo y que “nunca estuvieron juntos” desde que se separan en la estación de autobuses de Iguala esa noche.
Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan. La Administración de López Obrador ha desmentido esa “verdad”, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
MarcosOrtizMX (@MarcosOrtizMX)
