El Congreso de Yucatán aprobó esta semana reformas a la Constitución Política del Estado para establecer la obligatoriedad de impartir la enseñanza de la lengua maya en el nivel básico educativo.

Las reformas fueron aprobadas por unanimidad y tiene como objetivo el rescate y preservación de la lengua nativa de la entidad, según afirmaron los legisladores locales durante la exposición de motivos.

Hay un gran número de mayas en la entidad

Antes del dictamen a favor, la diputada Paulina Viana Gómez, señaló que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Yucatán figura entre los estados con mayor proporción de personas indígenas dentro de su población, con cerca del 30 por ciento del total.

De igual forma, el Instituto indicó que esta entidad registra el mayor porcentaje de población hablante de lengua nativa en el país, con más del 570 mil mayahablantes. “Sin embargo, es importante señalar que el porcentaje de personas que hablan la lengua maya en el Estado ha venido descendiendo de manera constante y drástica en los últimos años”, alertó.

Esto obedece, añadió, a la falta de interés para ejecutar políticas públicas que rescaten y fortalezcan nuestra lengua materna. Los cambios constitucionales aprobados por todas las fuerzas políticas del Congreso estatal buscan establecer en el sistema educativo básico las condiciones y los procedimientos para rescatar, fomentar y preservar la lengua nativa de Yucatán.

No se aplicará de manera inmediata

La reforma es compatible con lo establecido con el artículo 28, numeral 3, del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de países independientes de la Organización Internacional del Trabajo. De igual forma, con el artículo 2, apartado B, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La ley entrará en vigor una vez que sea publicada en el Diario Oficial del Estado, sin embargo esta nueva normativa no se aplicará de manera inmediata, sino de manera paulatina y bajo la coordinación de la Secretaría de Educación del gobierno de Yucatán.

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