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Lo que sabemos sobre la iniciativa de ley contra feminicidio de la SCJN

Por: Lau Vazquez 8 de julio de 2022

La iniciativa busca llevar a nivel constitucional la obligación de las autoridades para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, presentó una propuesta de iniciativa para crear la primera Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio.

La intención de esta iniciativa es responder a la grave crisis que enfrenta el país por el creciente número de feminicidios, situación que en los últimos años se ha agudizado debido a la ausencia de estándares claros y uniformes que garanticen el castigo de la violencia feminicida y ante la falta de investigaciones imparciales serias y exhaustivas.

¿Qué dice el proyecto de iniciativa?

La idea que plantea la Suprema Corte gira en torno a la creación de un nuevo marco normativo que establezca tres principales cosas a nivel nacional:

Para que todo lo anterior pueda funcionar, lo primero que se propone es una reforma al inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución mexicana para que los culpables de estos delitos reciban una pena de 40 a 60 años de prisión y de 500 a mil días de multa.

No obstante, la propuesta de ley busca ir más allá del castigo, pues adiciona diversos aspectos que tienen que ver con la protección de las mujeres, la obligación de las autoridades para actuar, así como el derecho a la verdad que tiene la sociedad.

Ley del delito de feminicidio

En primer lugar, esta propuesta de ley establece que comete el delito de feminicidio la persona o personas que priven de la vida a una mujer en caso de que se cumpla cualquiera de las siguientes circunstancias:

Además, señala que será sancionados con la pena prevista para el feminicidio a quien o quienes impidan que se practique un aborto en caso de riesgo de vida de la mujer o tratándose del personal administrativo, médico o enfermería cuando el ejercicio de objeción de conciencia impongan una carga desproporcional para las pacientes y ello cause su muerte.

¿Y las sanciones?

La propuesta menciona que el servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración de justicia en este delito, se le sancionará con 3 a 8 de prisión y 500 a 1 mil 500 días de multa, y será destituido e inhabilitado de 3 a 10 para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública.

Asimismo, señala que la pena de prisión por el delito de feminicidio se aumentará hasta en una mitad más cuando:

Con respecto a los feminicidas

Sobre la sanción que se imponga a las personas señaladas por feminicidio, esta propuesta propone que los señalados no están sujetos a criterios de oportunidad ni a formas de solución alterna del procedimiento, por lo que ninguna persona procesada o sentenciada por los delitos previstos en esta ley podrá beneficiarse de “inmunidades, indultos, amnistías, figuras análogas, o con similares efectos”.

También propone la eliminación de los mal llamados “crímenes pasionales”, pues señala que no constituyen justificaciones para cometer estos delitos “la emoción violenta, la ira, provocación por parte de las víctimas, el honor, los celos, las creencias culturales, las costumbres contrarias a los derechos humanos”, entre otras razones con las que los victimarios y las autoridades han justificado estas acciones desde hace años.

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