El estado de Texas tiene todo preparado para iniciar la ejecución con inyección letal para Rubén Ramírez Cárdenas, un hombre originario de Guanajuato que violó y asesinó hace 20 años a su prima de 16 años, Mayra Lagunas, en la comunidad de Edinburg, al sur del estado.
De acuerdo con el Departamento de Justicia Criminal de Texas, Ramírez fue sentenciado el 22 de febrero de 1997 por agresión sexual y asesinato. Presuntamente, el hombre le exigió a su prima hermana que escondiera un paquete de marihuana pero ella se negó así que la noche siguiente entró a la recámara de Mayra, quien dormía junto a su hermana menor, y la sacó por la fuerza.
Después, junto a su amigo Tony Castillo, llevó a la joven a un terreno baldío a bordo de un automóvil, donde abusó sexualmente de ella, la golpeó brutalmente y la estranguló hasta asesinarla. Después arrojaron el cuerpo en un canal de riego, a 16 kilómetros de distancia.
Rubén entró por la ventana al cuarto de su prima, la arrastró violentamente, para después matarla y arrojar el cuerpo en un canal. (Foto: La Silla Rota)
Cuando los padres de Mayra se percataron de la desaparición de su hija, llamaron a la Policía y la hermana menor confesó que Rubén había entrado a su cuarto durante la noche. En el curso de la investigación, Ramírez se entregó de manera voluntaria al igual que Tony, quien confesó todo.
Desde ese momento iniciaron las irregularidades y anomalías. Para empezar, Rubén permaneció 10 horas en la estación de Policía, durante las cuales fue interrogado por nueve agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Hidalgo, pero en ningún momento le permitieron recibir asesoría del Consulado, tal como lo estipulan los estatus internacionales y acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos.
Rubén pasó 20 años en prisión y este miércoles está programada su muerte. (Foto: LMT Online)
De acuerdo con el Tratado de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, que ratificaron ambos países, los reos extranjeros deben recibir ayuda y asesoría de las autoridades consulares de su país de origen.
Un juez sentenció a Tony Castillo a 25 años de prisión y a Rubén Ramírez a la pena capital por el homicidio de su prima, sin darles previamente acceso a la ayuda consular o a la asesoría de un abogado. Después de 20 años en prisión y cientos de apelaciones para evitar la inyección letal, el estado de Texas programó su muerte para este miércoles. La noticia indignó al gobierno mexicano y a los colectivos defensores de derechos humanos.
Carlos Manuel Sada Solana, subsecretario mexicano para América del Norte, aseguró que hará todo lo posible por revertir la pena de muerte contra Rubén, pues «no se ha seguido con el debido proceso legal».
Carlos Manuel Sada aseguró que México hará todo lo posible para evitar la pena capital. (Foto: El Sol de México)
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizó una recomendación al gobernador de Texas, Greg Abbott, para detener el asesinato del connacional.
«El derecho a la vida representa el bien supremo del ser humano, por lo cual afirma categóricamente que la pena de muerte es una medida que no garantiza la impartición de justicia, al tiempo que subraya su compromiso de continuar con los esfuerzos que protejan los derechos fundamentales de los mexicanos en el extranjero».
Miguel Márquez Márquez, gobernador de Guanajuato, también envió una solicitud a Abbott y a David Gutiérrez, presidente de la Oficina Ejecutiva de la sección de Clemencia, Junta de Perdones y Libertad Condicional de Texas para revisar el proceso contra el oriundo de la comunidad de Las Delicias.
Tania Reneaum Panzi, directora de Amnistía Internacional México, informó a través de un comunicado que conforme a las violaciones a los derechos humanos e irregularidades, la condena debería anularse para iniciar un nuevo juicio en el que se garantice el debido proceso.
«Es urgente que se detenga la ejecución de Rubén Cárdenas Ramírez y se conmute su condena a muerte y se realicen nuevos análisis de ADN a pruebas procedentes del delito, que podrían exonerarlo».
Rubén sería el quinto mexicano en morir por inyección en el estado de Texas. (Foto: Amnistía Internacional)
Ramírez podría convertirse este miércoles en el quinto mexicano en recibir la pena de muerte en Texas sin que se acaten los dictámenes de la Corte Internacional, y se sumaría a la lista de los mil 400 reos que recibieron la inyección letal desde que la pena de muerte fue restaurada en Estados Unidos en 1976.
Según la organización Death Penalty Information Center, en al menos 31 estados de la Unión Americana está vigente la pena capital. En años anteriores, los sentenciados eran asesinados en la silla eléctrica, hasta que consideraron ese método tan cruel dejando la inyección letal como única opción.
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