Cuando la empresa AHMSA le vendió a Pemex –entonces dirigida por Emilio Lozoya– la planta chatarra de Agro Nitrogenado, por más de 250 millones de dólares, el costo fue cuestionado por expertos, que lo calificaron de ser muy elevado tomando en cuenta que las instalaciones tenían 30 años de antigüedad y 18 sin operar, además de que el equipo se encontraba en mal estado e incompleto. Y así fue; ambas empresas inflaron el precio más de 50 por ciento.
De acuerdo con Reforma, en la compra-venta de esta planta chatarra, Pemex y AHMSA inflaron su valor en 57 por ciento, mientras que la operación se hizo “de manera exprés” y sin autorización del Consejo de Administración de la paraestatal. En total, se pagaron 95.8 millones de dólares más que el valor de las construcciones, instalaciones, maquinaria y equipo, reveló un reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
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El pago final por la planta fue de 264 millones de dólares en una operación que se cerró en diciembre de 2013. En ese momento, el Consejo de Administración de Pemex solo vio pasar delante de sus ojos el proyecto para comprar Agro Nitrogenados: Los consejeros de Pemex, Fluvio Ruiz, Héctor Moreira, Jorge Borja y José Fortunato Álvarez, ni siquiera votaron para aprobarla.
En su momento, Pemex dijo que la compra tenía la finalidad de producir de manera interna la urea, un compuesto esencial para la elaboración de los fertilizantes nitrogenados –la petrolera compró en 2016 a Grupo Fertinal para este motivo. Pero desde entonces no produjo prácticamente nada.
Por la compra de dicha planta, este martes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Lozoya y de AHMSA durante una investigación sobre posible lavado de dinero durante la compra de la planta, ya que dos meses después de la adquisición de esta, AHMSA hizo un depósito millonario a una compañía offshore que recibía dinero de Odebrecht y que ha sido relacionada Lozoya, quien niega ser el propietario.
“Se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción”, dijo la Secretaría de Hacienda.
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La transacción se hizo en una de las 60 filiales que tenía Pemex ese año: PMI Holding B.V., a cargo de José Manuel Carrera, un funcionario muy cercano a Lozoya. La junta directiva de la propia filial aprobó la compra y legalmente dejó fuera al Consejo de Administración de Pemex. Fue una operación que se concretó en cinco meses, desde 19 de julio cuando PMI Holding B.V. aprobó la compra, hasta el 20 de diciembre cuando se firmó el contrato.
En febrero de 2017, al presentar el Informe de la Cuenta Pública 2015, la ASF confirmó el mal estado de la planta y determinó que el 60 por ciento del equipo debía ser reemplazado porque era inservible. Aún así, la planta se compró y el dinero terminó ¿en dónde?
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