Que no: el uso de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública no soluciona la crisis de inseguridad, no sea necia, tía 4T.
En esta ocasión es el Comité de la Convención Contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU quien advierte que, lejos de arreglar las cosas, la Guardia Nacional que propone el Ejecutivo y la Secretaría de Seguridad Pública, propiciaría el aumento de la impunidad y las desapariciones forzadas.
El Comité de la Convención contra la Desaparición Forzada emitió 50 recomendaciones en la materia (Foto: Vicente Estrada)
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El día de ayer, el vicepresidente de la CED se reunió con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, para entregar un documento con 50 recomendaciones de este organismo, en materia de desaparición forzada.
Y casi casi, en mayúsculas y subrayado con rojo, el documento advierte que dejar las labores de seguridad en manos del ejército sería un error.
El comité ve con preocupación cualquier sistema de seguridad pública bajo un mando militar. Es un principio del derecho internacional que las funciones de las fuerzas militares y las fuerzas de seguridad interna, sean distintas.
En esta reunión de trabajo con los senadores Kenia López (PAN), Nestora Salgado (Morena) y Emilio Álvarez Icaza (independiente), Rainer Huhle indicó que aún falta trabajo por hacer para revertir la crisis de derechos humanos en un país donde, al día de hoy, se contabilizan más de 35 mil desaparecidos.
Y mientras Huhle entregaba al Senado las recomendaciones del comité, el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, habló ese mismo día, pero en la Cámara de Diputados: dijo que sería irresponsable, en las circunstancias de violencia que vive el país, enviar a las fuerzas militares a los cuarteles, en el caso de que la creación de la Guardia Nacional sea rechazada por el Congreso.
Tenemos que dar el paso a la constitución de la Guardia Nacional para regularizar la presencia de esos elementos en materia de seguridad pública.
Y dale con lo mismo.
Fijar responsabilidades del Estado
Durante su intervención, Rainer Huhle instó al Estado a fortalecer a las fuerzas civiles del orden y establecer un plan de retiro gradual y verificable del ejército de las tareas de seguridad pública.
Alfonso Durazo aseguró que, si no se aprueba la Guardia Nacional, los militares volverán al cuartel (Foto: Especial)
Recalcó que, de no cumplirse esta recomendación, la atención a la grave crisis de desapariciones se mantendría como uno de los grandes pendientes en el país.
Por otro lado, recomendó que en las leyes se defina con claridad la responsabilidad de las fuerzas del Estado, en la desaparición de personas.
No es clara la definición de los actores particulares (que participan en una desaparición forzada). No queda fijada la responsabilidad del superior. Por eso debe quedar claro que, cuando los agentes del estado cometan una desaparición forzada, la responsabilidad debe recaer en los superiores.
El vicepresidente de la comisión insistió en la labor que debe cumplir el gobierno de ofrecer datos certeros sobre las personas desaparecidas y desplazadas por la violencia. Indicó que no queda clara la procedencia de la cifra de 37 mil desaparecidos que contabiliza el Sistema Nacional de búsqueda de Personas, por lo cual es necesario desglosar datos como las fechas y los estados donde ocurren estos hechos.
En síntesis, en México falta mucho por atender en materia de Derechos Humanos y desaparición forzada. Pero algo mantiene optimistas a los integrantes del Comité de la Convención Contra la Desaparición Forzada: López Obrador ha manifestado en diversas ocasiones que su gobierno trabajará en conjunto y escuchará las recomendaciones de los organismos internacionales de Derechos Humanos.
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