Fueron aprobadas dos iniciativas durante la sesión ordinaria en el pleno de la Cámara de Diputados, ambas con el objetivo de fortalecer el combate al delito de feminicidio. La primera va dirigida a endurecer las penas contra quien cometa un feminicidio y tuviera ya una medida cautelar, la segunda, más conocida como “Ley Montse”, está enfocada en castigar a quienes encubran dicho crimen.

La primera de las iniciativas, fue aprobada con 450 votos a favor, cero en contra y 25 abstenciones, la cual permitirá aumentar las penas, hasta en un treinta por ciento, a quienes cometan el delito de homicidio o feminicidio, a pesar de tener una medida cautelar impuesta por otro delito en contra de la misma víctima. “Los datos demuestran que contar con una medida cautelar no hace la diferencia para salvarles la vida, por lo que no debemos escatimar las medidas legislativas para protegerlas, pues el Estado como ente garante de derechos humanos, tiene la obligación de salvaguardar la integridad de sus gobernados y de garantizar el derecho de la vida”, aseveró María Guadalupe Román, diputada de Morena.

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Ley Monse, en honor a Montserrat Bendimes, víctima de feminicidio

La segunda de las iniciativas, fue probada con 455 votos a favor, cero en contra y 23 abstenciones; la propuesta de ley, llamada ‘Ley Monse’, garantiza que los encubridores cercanos a la víctima podrán ser penados conforme al código penal, que actualmente establece de 3 meses a 3 años de cárcel y de 15 a 60 días de multa. Laura Imelda Pérez Segura, diputada de Morena, le recordó a la Cámara de Diputados el desafortunado caso de Montserrat Bendimes, una joven de 20 años que fue asesinada por su entonces novio Marlon Botas. “Ese asesinato no es el único en el que el agresor y presunto feminicida logró escapar con la ayuda de sus padres y familiares, y gracias a ello estuvo prófugo de la justicia por más de un año, sin ignorar que en muchos otros casos nunca, nunca son atrapados”, puntualizó.

El dictamen también declara que la pena se agravará hasta en un treinta por ciento cuando la víctima sea menor de edad, de la tercera edad, esté embarazada o cuente con alguna discapacidad, así como cuando el sujeto posea un cargo en el gobierno o sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de su posición.

Laura Imelda Pérez Segura (@LauraImelPerezS)

Ref. El Imparcial