Tras una investigaciones y la integración de un expediente con el seguimiento del caso, la CNDH contó con elementos suficientes que permitieron evidenciar violaciones a los derechos a la vida, libertad e integridad personal y seguridad jurídica.
Esto ‘con motivo de la retención ilegal y uso excesivo de la fuerza que derivó en tortura y como consecuencia la privación de la vida de la víctima, imputables a autoridades del estado de Yucatán y del municipio de Mérida”, refirió en el documento.
¿Qué paso en el caso de Eduardo Ravelo?
El 21 de julio del 2021, José Eduardo, de 23 años, fue interceptado por policías municipales cuando el joven caminaba cerca del parque San Juan, en Mérida. Según la madre de la víctima, un grupo de entre cuatro y cinco policías detuvieron al ‘Güero’ por “parecer sospechoso”, después cuestionaron su sexualidad, lo golpearon y violaron mientras lo subían a la patrulla y también al llegar a la cárcel.
“Primero lo violaron en la patrulla, lo golpearon y después lo violaron en la cárcel”, dijo la madre de José Eduardo en entrevista con El Diario de Yucatán. Después de sufrir los abusos, José Eduardo falleció.
Fue el 13 de agosto, cuando los cuatro agentes, acusados de violencia y abuso sexual, quedaron libres porque el juez afirmó que no había pruebas suficientes para inculparlos.
El 18 de agosto de ese año, la madre del joven presentó una denuncia ante dicha institución. Se inició la investigación por la probable comisión del delito de tortura.
Para finales de agosto se realizó la exhumación del cadáver y la necropsia, y en octubre la FGR concluyó que Ravelo “falleció por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención” y descartó que hunbiera existido tortura o violación sexual por parte de los elementos aprehensores de la policía municipal.
Ante estos resultados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pidió a la Fiscalía estatal continuar con la investigación “a efecto de que sea la autoridad jurisdiccional competente la que determine bajo sentencia, si fuera el caso, la pena correspondiente de los responsables”.
Asimismo, recomendó coadyuvar con la FGR en la integración de la carpeta de investigación iniciada con motivo de los actos de tortura cometidos en agravio del joven, Eduardo Ravelo, a fin de que las víctimas indirectas tengan acceso pleno a la justicia.
Además solicitó al presidente municipal de Mérida, Renán Barrera Concha, ofrecer una disculpa pública institucional a familiares directos de la víctima y que se otorgue a la madre del joven una reparación integral del daño mediante el pago de una compensación y/o indemnización.
También solicitaron que se dé seguimiento a la queja que se formule ante la Contraloría del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en contra del Juez Calificador, por la omisión de brindarle a la víctima la asistencia médica que requería con motivo de las lesiones que se le infligieron.
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Foto de portada: Captura Especial.
