La Secretaría de Hacienda, a través de dos áreas: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), investigan a la empresa Blunderbuss Company de México, con sede en Veracruz, empresa que fue declarada como fantasma y la cual recibió millones de pesos en sobornos de Odebrecht.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el departamento de sobornos de Odebrecht utilizó a esta empresa, en la que operó una red de prestanombres ligados al gobierno de Javier Duarte, para triangular 6 millones 112 mil dólares entre bancos de Panamá, la isla de Antigua, Estados Unidos y México.
Ese dinero se transfirió a México entre 2009 y 2011 y es distinto a los sobornos de 10 millones de dólares que exdirectivos de Odebrecht aseguran haber pagado durante la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012 y, posteriormente, ya durante el gobierno del mexiquense, entre 2013 y 2014, a cambio de contratos de obra en la refinería de Tula.
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Javier Duarte de Ochoa y Marcelo Odebrecht. (Foto: MCCI)
En 2017, MCCI reveló que dos empresas offshore utilizadas por Odebrecht para el pago de sobornos habían transferido 3 millones 754 mil dólares a Blunderbuss, empresa constituida en Poza Rica que carecía de instalaciones y de operaciones comerciales visibles. Sin embargo, documentos de la Fiscalía de Brasil a los que tuvo acceso MCCI demuestran que en realidad, el monto superó en realidad los 6 millones 112 mil dólares.
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En aquel entonces también se reveló que detrás de la empresa fantasma operaba una red de prestanombres ligada al Gobierno veracruzano cuando fue encabezado por Javier Duarte, así como a la oficina de Odebrecht en México.
Y no solo eso, el SAT también está investigando a una red de 11 empresas fantasma ligadas con Blunderbuss, “con la que compartían socios, representantes y apoderados legales”.
Cuatro de las 11 empresas investigadas por el SAT participaron entre 2013 y 2018 como proveedores de la administración pública federal y de los Gobiernos de los estados de México y Coahuila, con contratos por al menos 192 millones de pesos, de acuerdo con los documentos consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
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