Este martes, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presenta su Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG 2018). En el que se analizan las finanzas de las 32 entidades federativas que conforman el país.
De acuerdo con este análisis, las entidades “subestiman sus ingresos, gastan más de lo presupuestado y se endeudan por arriba de lo planeado”, por lo que no hay cumplimiento a los presupuestos de egresos de las entidades federativas y toda la contabilidad es un acto de simulación y discrecionalidad.
Este reporte elaborado por el IMCO destaca que que, “al no alcanzar el 100% de desempeño, ninguna entidad da cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental”. En su Clasificación sólo tres estados pasan el rango de lo aceptable al entregar la documentación que se les requiere, pero no por ello tienen una contabilidad correcta.
IMCO analizó si cada estado presentó 18 documentos en los cuatro trimestres de 2017. (Ilustración: IMCO)
¿Qué significa lo anterior? Que los estados los estados gastan como quieren y no respetan las leyes en la materia. Por ejemplo, Jalisco, que lleva tres años consecutivos gastando casi un 100 por ciento extra a lo presupuestado para sueldos y salarios.
Este reporte destaca que, en comparación con la edición anterior, 19 entidades mejoraron y 13 retrocedieron. Llama la atención que entre las 13 que retrocedieron se incluyen seis de las nueve que renovaron su Poder Ejecutivo estatal. Se trata de los estados de Morelos, Yucatán, Jalisco, Tabasco, Ciudad de México y Veracruz.
Este manejo opaco de recursos es importante ya que según el IMCO, los estados presupuestaron en 2017, al menos 1 billón 757 mil 848 millones de pesos.
A pesar de que la ley de contabilidad tiene 10 años, los estados no mejoran. (Ilustración: IMCO)
De ese dinero, destinaron 656 mil millones al pago de transferencias, 476 millones a salarios, 310 mil millones a transferencias en los municipios, 102 mil millones a infraestructura, 71 mil millones a deudas y 70 mil millones a servicios generales.
El análisis se ha hecho por tres años, comprende 978 indicadores, contiene seis secciones. Un problema detallado es que los ingresos excedentes prácticamente se diluyen.
Sólo en 2017 los poderes ejecutivos estatales recaudaron 319 mil millones más de lo estimado y esos recursos prácticamente no los aprovecharon en pagar deuda o realizar inversiones, sino que los gastaron elevando principalmente salarios; incluso cuatro estados, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla y Guerrero, habrían podido pagar su deuda con el ingreso extra que percibieron, pero no lo hicieron.
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