Reprobado: EPN incumplió cinco de siete compromisos de Gobierno Abierto

Tatiana MaillardMiércoles, 14 de noviembre de 2018 23:26

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Además de espiar a civiles, el gobierno de EPN sólo cumplió dos de cinco compromisos de Gobierno Abierto.


A dos semanas del fin de este sexenio de Enrique Peña Nieto, el Núcleo de las Organizaciones de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto (NOSC), presentó el Informe Sombra de Sociedad Civil sobre el proceso del Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto en México (2016-2018).


El documento analiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la administración de Enrique Peña Nieto para atender problemas públicos, con la colaboración de representantes de la Sociedad Civil, mediante la figura de “Gobierno Abierto”.


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Representantes de organismos de la Sociedad Civil valoraron los incumplimientos del Estado (Foto: @GobiernoAbiertoMX)


Si nos atenemos a los resultados, el gobierno federal en turno, el cual que está por terminar reprobó: ni participó en conjunto con sociedad civil y de siete compromisos adquiridos, únicamente cumplió dos.


Aunado a esto, sobre la administración del presidente Peña Nieto pesa el señalamiento de incurrir en prácticas de espionaje en contra de periodistas, investigadores y defensores de Derechos Humanos, a través el software Pegasus.


Esto, a pesar de que México es uno de los ocho países fundadores de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), una iniciativa creada en 2011 que agrupa a 65 países miembro y que busca propiciar la participación ciudadana en políticas públicas, la transparencia y el combate a la corrupción. Además, desde 2014 México es miembro del Comité Directivo.


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Pero en 2017 The New York Times publicó un reportaje sobre las técnicas de espionaje del gobierno Federal, lo que propició que la alianza del gobierno con organizaciones de la Sociedad Civil se rompiera. Una decena de organizaciones integrantes del NOSC, que colaboraban en el desarrollo de la estrategia de Gobierno Abierto, abandonaron el Secretariado Técnico Tripartita que conformaban junto con la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)

Nuestra salida fue un parteaguas que colocó a México en el foco internacional, pues no hay forma de que exista un Gobierno Abierto, si no hay espacios seguros.


Así lo expresó Juan Manuel Casanueva, director de SocialTIC, una de las organizaciones que conforman el NOSC y que elaboraron el Informe Sombra que da cuenta de una estrategia que, denuncia Casanueva, se quedó en mera simulación.


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Cambiar las reglas del juego

Los compromisos de México en materia de Gobierno Abierto que analiza el informe se agrupan en tres categorías: aquellos que cambiaron su redacción para reducir sus alcances, los que cambiaron su propuesta original sin consultarlo con el NOSC y los que cambiaron su redacción, pero que sí alcanzaron favorablemente su meta.


Los ejes de estos compromisos suman siete: Pobreza y Desigualdad, Derechos Humanos y Fortalecimiento del Estado de Derecho, Combate a la Corrupción, Servicios Públicos (específicamente, gestión y protección del agua), Salud (con énfasis en el combate a la obesidad), Igualdad de Género y Cambio Climático.


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El gobierno federal modificó la redacción de sus compromisos en temas como la pobreza. (Foto: Animal Político)


Salvo en Igualdad de Género y Cambio Climático, las organizaciones que integran NOSC denuncian que no se cumplieron los compromisos planteados originalmente en el resto de los temas.

Los compromisos fueron modificados a modo y de manera perjudicial para los resultados, además de que a la Sociedad Civil no se nos invitó para co-crear una estrategia, sino para validar las acciones de gobierno.


Esto dijo Tomás Severino, director de la Asociación Civil Cultura Ecológica, quien subrayó que los acuerdos no se respetaron: si en el papel quedaba escrito que se crearía un padrón único de beneficiarios de los programas de desarrollo social, en la práctica se entregaba una base de datos incompleta.


Si el compromiso era presentar un plan en materia de Derechos Humanos, lo que la autoridad entregaba era la Ley General en Materia de desaparición Forzada, la cual no estaba contemplada en el acuerdo.


Si se acordaba la creación de estrategias para el combate a la corrupción, el resultado se limitaba a una base de datos con los perfiles de servidores públicos de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal.

Los nombramientos de los servidores públicos en los Órganos Internos de Control se hicieron sin consultarnos. La base de datos de los beneficiarios de programas sociales no era útil para la toma de decisiones en la materia y la información que se entregaba estaba incompleta, denuncia Severino.


Y ésas no fueron las únicas faltas, indicaron.


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Hacer "la vista gorda" ante conflictos de interés

Los cambios en las propuestas originales derivaron en la presentación de acciones poco claras. Tal es el caso en los compromisos adquiridos en materia de combate a la obesidad y gestión del agua.


En el caso del Agua, el NOSC cuestiona la compra que hizo la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de medidores, como parte de la estrategia de Gobierno Abierto, en tanto que esto representó un gasto económico cuya utilidad no quedó poco clara.


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CONAGUA adquirió medidores de agua como parte de la estrategia federal de Gobierno Abierto. (Foto: Especial)


En el caso de la obesidad, el NOSC expone que no se atendió la urgencia de reformular el etiquetado frontal en alimentos y bebidas, y tampoco se atendió el conflicto de interés que se deriva de que, miembros relacionados con la industria de alimentos procesados y bebidas azucaradas, participen en la toma de decisiones del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Tansmitibles (OMENT), con el apoyo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.


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México desatendió sus compromisos para cambiar el etiquetado de alimentos que propician la obesidad (Foto: Especial)


Yarishy Mora, coordinadora de la organización ContraPESO, una de las 33 asociaciones que integran la Alianza por la Salud Alimentaria, declaró:

La industria privada no puede ser partícipe del diseño de políticas públicas de salud.


En este sentido, cabe recordar que el 25 de octubre pasado, la Alianza por la Salud Alimentaria exigió a la SFP y a la Secretaría de Salud (SS) evitar la interferencia de las industrias en el OMENT, organismo de la SS encargado del análisis de las políticas públicas en materia de salud.


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Aquí sí cumplieron

Excepcionalmente, hubo un compromiso donde el gobierno actuó en consenso con las organizaciones de la sociedad civil: el de la igualdad de género.


Aunque presentó cambios en su redacción, y a pesar de que integrantes del NOSC dejaron de pertenecer a la Alianza Tripartita, estos compromisos contaron con el seguimiento y consenso de los integrantes de las organizaciones de la Sociedad Civil. Un caso que el informe destaca como “extraordinario”.


El informe Sombra también destaca el cumplimiento, a pesar de los cambios en la redacción, de políticas que atienden el cambio climático y la gobernanza de los recursos naturales. Eso sí: enfatizan que sus observaciones no fueron tomadas en cuenta para la publicación de la información.


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Una de cal: los compromisos en materia de cambio climático y en equidad de género sí se atendieron (Foto: Especial)


México, bajo investigación

Aunque los miembros del NOSC manifestaron que tienen voluntad de colaborar con la próxima administración para reparar y replantear la agenda de Gobierno Abierto, Juan Manuel Casanueva, de SocialTICS, indica que falta que la administración actual responda a los señalamientos de espionaje interpuestos ante la Alianza Internacional de Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés).


Esto, por supuesto, deberá ocurrir antes del 30 de noviembre. La respuesta que otorgue el gobierno dará pie a una investigación por parte de la alianza, de cuya solución depende que México sea expulsado, o no.


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