Esta semana, específicamente el pasado 25 de octubre, entró en vigor la “Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos” en Oaxaca, ley con la que se prohibe el uso y distribución de plásticos desechables y envases elaborados de unicel.
Esta ley entró en vigor, luego de que las instituciones otorgaran una prórroga de más de 15 meses para que las empresas terminaran su inventario de este tipo de productos.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Horacio Sosa Villavicencio, puntualizó que el Congreso Local no está en contra de los empresarios o del libre comercio, sino a favor del medio ambiente. Por esto, pidió a las grandes empresas que los productos que expenden sean amigables y no contribuyan a la degradación de la naturaleza.
¿Cómo impactará a pequeños productores?
Ante la norma, hay preocupación entre los comerciantes y representantes del sector productivo ante las complicaciones que la medida podría acarrear para su comercialización.
Los líderes de la Cámara del Pequeño Comercio y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), anunciaron que analizan jurídicamente responder a la nueva norma, no descartando valer amparos colectivos.
María Esther Alejandre, promotora del comercio justo en la ciudad de Oaxaca reconoció que si bien es urgente el cuidado del ambiente, y que las leyes sean cumplidas por todas y todos, “en este momento de pandemia es particularmente difícil debido a que los productores orgánicos intentamos mantenerse a flote, por las bajas ventas”.
Algunos centros comerciales iniciaron remates de bebidas contenidas en PET y los representantes legales de algunas empresas refresqueras nacionales solicitaron a los diputados una prórroga para realizar una sustitución gradual de los envases.
Las sanciones
La reforma a este instrumento jurídico, establece que las multas a quien incumpla esta norma van desde los 10 a 50 mil salarios mínimos, la suspensión o revocación de concesiones o autorizaciones, decomisos, clausuras temporal o definitiva o incluso el arresto para quienes por parte de las empresas que utilizan este tipo de materiales para distribuir sus productos.
Con esta modificación legal, se pretende que se reduzcan casi en un 70 por ciento la emisión de contaminación por PET en el territorio del estado, pues se estima que el 52.8 por ciento está constituida por botellas desechables de refresco y 17 por ciento por botellas desechables de agua.
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Foto de portada: Efe.
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