La región de Tierra Caliente vive actualmente una de las mayores crisis de inseguridad, violencia y desempleo en los últimos años, problemas que parecen cada día acrecentarse por la falta de interés y abandono de las autoridades en una de las zonas más conflictivas por el asedio de distintas organizaciones criminales.
En la frontera con el estado de Michoacán y el Estado de México se encuentra Ciudad Altamirano, cabeza del municipio de Pungarabato, una zona donde actualmente más de 300 familias perdieron su principal ingreso monetario a consecuencia del “hostigamiento” de narcotraficantes a dos empresas refresqueras.
Las bebidas carbonatadas actualmente son un privilegio en el municipio, debido a que desde hace meses las dos principales organizaciones criminales exigieron derecho de piso a las embotelladoras Coca Cola y Pepsi en la región.
Aunque la cifra es desconocida, pobladores especularon que eran fuertes sumas de dinero a cambio de dejar circular a los repartidores de refrescos y botanas en las comunidades de la Tierra Caliente.
Ante la inseguridad, este lunes diversos medios locales confirmaron que Grupo GEPP, empresa que se encarga de producir, vender y distribuir varios productos de PepsiCo en México, cerró operaciones en el centro de distribución de Ciudad Altamirano.
La empresa informó a través de un comunicado detalló que “al no estar presentes las condiciones requeridas para la continuidad de la distribución de su portafolio de productos”, dejará el abastecimiento en los municipios de Pungarabato, Coyuca de Catalán, Cutzamala, Ajuchitlán, Tlapehuala y Tlachapa, después de 40 años trabajando en la región.
En este sentido, la empresa citó a 70 empleados en una planta de Toluca en el Estado de México para pagar sus liquidaciones.
Recordemos que el pasado 23 de marzo, Coca – Cola Femsa, otra de las mayores embotelladoras del mundo, anunció el cierre de la distribución de sus productos en Ciudad Altamirano, donde trabajaban más de 160 personas.
De acuerdo con testigos, que solicitaron anonimato, actualmente los costos del refresco en la región de Tierra Caliente subió al triple en tiendas de conveniencia, además del miedo entre la población por los despidos.
El gobierno del estado respondió mediante el envío de la Gendarmería, sin embargo, pobladores de Tlapehuala y Coyuca de Catalán realizaron este semana dos manifestaciones en los principales vías de comunicación para denunciar violaciones de las autoridades hacia la ciudadanía. Ellos exigen se retiren de la zona, tras asegurar que violaron a mujeres y torturaron a personas inocentes.
El problema del refresco es sólo la punta del iceberg sobre la cruenta situación en la convulso estado de Guerrero. El pasado 8 de mayo, la Fiscalía local abrió una investigación tras el asesinato de Abel Montufar, candidato a diputado local por el distrito XVII, mientras que el pasado 24 de mayo del 2017 fue asesinado el exdiputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Elí Camacho Goicochea en el municipio de Pungarabato.
Mientras que en marzo del mismo año fue ejecutado el periodista Cecilio Pineda, también el 25 de julio del 2016 asesinaron en una emboscada en la carretera Federal Ciudad Altamirano-San Lucas al presidente municipal Ambrosio Soto Duarte.
Estos cuatro casos siguen impunes y sin ninguna línea de investigación por parte de las autoridades.
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