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MEXICO

Participación de militares en caso Ayotzinapa, un cambio de rumbo

En el marco del aniversario ocho de lo sucedido en Ayotzinapa, Andrés Manuel López Obrador refirió que no dará ‘carpetazo’ al caso.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha reconocido por primera vez que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se trató de “un crimen de Estado” y, en las últimas semanas, las autoridades han detenido en relación al caso al exfiscal Jesús Murillo Karam, acusado de torturas; y a cuatro militares de alto rango.

El pasado 18 de agosto, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno, en una conferencia de prensa presentó el último informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso, en el que, además de reconocer que la desaparición de los estudiantes fue un crimen de Estado, se detalla que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles.

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También se confirmó la infiltración en la escuela de un soldado de nombre Julio César López Patolzin, que habría ayudado presuntamente a localizar a los estudiantes y que terminó por desaparecer junto con los otros 42 jóvenes. “Es muy relevante que el Estado reconozcan por un lado que hubo responsabilidad estatal en las desapariciones, que no se trataba solo de un grupo de policías locales coludidos con un grupo pequeño del crimen organizado”, dijo en entrevista con EFE María Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Explicó que el informe reconoce la colusión de los tres niveles del Estado, “el estatal, el federal e incluso militares castrenses”.

Otro tema del informe “no tan visible”, relató, son los obstáculos que se han interpuesto por parte de las Fuerzas Armadas para alcanzar la verdad, ya que tardaron tres años en entregar la información relativa al caso a pesar de un decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que ordenaba que todas las instituciones hicieran entrega de estos documentos.

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Cuatro militares detenidos

En días posteriores a la publicación del informe indicó que se habían emitido más de 80 órdenes de aprehensión entre ellas 20 a militares de los batallones de la ciudad de Iguala, donde desaparecieron los jóvenes. Sin embargo, hasta el momento solamente 4 se llevaron a cabo. Esto, tanto para los familiares de las víctimas como para organizaciones de la sociedad civil y estudiantes, supone un escenario de incertidumbre y espera, puesto que, aunque para ellos es positivo que el Estado reconozca la implicación de las Fuerzas Armadas en el mencionado y trágico caso, no comprenden que las detenciones vengan a cuentagotas.

“No podemos decir que lo celebramos, más bien tenemos preocupación por esa dosificación”, dijo en una entrevista con EFE en la escuela rural de Ayotzinapa Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 estudiantes. “Hicieron públicas las órdenes de detención el 28 o 29 agosto, y en esa misma fecha hicieron público que notificaron a la Secretaría de la Defensa Nacional estas órdenes. A partir de ahí la Secretaría tenía el deber de poner a esas personas ante las instancias que las estaban requiriendo”, añadió.

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Hasta el momento han sido arrestados el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa. “En ese sentido se puede hacer un balance todavía cuidadoso frente a lo que se ha hecho hasta ahora (las detenciones) pero también hay preocupación por algunas cosas que se vislumbran”, compartió Aguilar. La experta insistió en la importancia de que las acusaciones de los actuales detenidos tengan solidez para que el caso no se desmorone.

Participación anunciada

Por otra parte, la aceptación en el informe de la participación de las Fuerzas Armadas en el caso Ayotzinapa, llega tiempo después de que múltiples organizaciones de derechos humanos y los familiares asegurasen la implicación de militares. “Lo sabíamos desde el principio pero la sociedad no nos quiso creer. Exigimos la ejecución de todas las órdenes de aprehensión”, dijo la semana pasada en un mitin en Chilpancingo (Guerrero) Blanza Luz Nava, madre de Jorge Álvarez Nava, uno de los estudiantes desaparecidos.

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Y la lucha, que no cesa desde 2014 por parte de compañeros estudiantes y familiares, ha tomado fuerza en contra de los militares. La semana pasada estudiantes quemaron en Chilpancingo y en Iguala dos camiones en las puertas de los batallones militares a los que pertenecían militares implicados. “Hay mucha gente que tiene cierto descontento por las actividades radicales que se han llevado, pero estas actividades tienen un fin, se hacen acciones radicales para meter presión al Gobierno y se hacen en los batallones porque son ellos los que están involucrados en la desaparición”, defendió en entrevista con Efe en la escuela rural de Ayotzinapa el estudiante Alexander Salazar.

No dará ‘carpetazo’ al caso

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no dará “carpetazo” al caso de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa, y que seguirán las indagatorias y castigos contra quienes resulten responsables. ”No vamos a dar carpetazo al asunto”, afirmó López Obrador en su habitual conferencia de prensa desde el Palacio Nacional. Sus declaraciones se producen mientras este lunes se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, lo que el propio Gobierno mexicano ha reconocido como “un crimen de Estado”.

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El más reciente informe de la Comisión de la Verdad reconoce que participaron el crimen organizado y autoridades mexicanas, con lo que se ha buscado desmentir “la verdad histórica”, presentada en la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). El presidente de México también defendió que se dio “un paso importante” con los recientes hallazgos, así como con las cuatro detenciones de militares presuntamente involucrados y del exprocurador mexicano Jesús Murillo Karam, quien estaba a cargo de la investigación. Dijo que de este proceso que se abre “va a salir más información” y el Gobierno va a “seguir buscando a los jóvenes” y “abriendo archivos, todo, sin ocultar nada. No significa que se cierra la investigación, ya los (involucrados) que están en el informe y se les comprueba que participaron porque son presuntamente responsables, ellos van a dar a conocer su versión y van a aclarar si participaron o no participaron, si son culpables o son inocentes, si recibieron órdenes, de quién. Continúa la investigación”, insistió. López Obrador afirmó que se realizaron diversos interrogatorios, “millones de llamadas telefónicas” y se ha invertido tiempo en el caso Ayotzinapa para no “fallarle a los padres” de los 43 estudiantes.Consideró que “también es un asunto de justicia” y de limpiar la imagen del Estado y Ejército mexicanos.

De ‘mala fe’, filtraciones del caso Ayotzinapa

El sábado pasado se filtraron fragmentos del informe de la Comisión de la Verdad, presentado el 18 de agosto por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. López Obrador lo tachó de un acto de “mala fe” para evitar que se usara en tribunales mexicanos. ”No es posible que por un asunto de procedimiento se impida hacer justicia, porque a lo mejor quienes filtraron este documento sin testar lo hicieron pensando en que de esta manera ya no va a tener validez legal”, comentó. Las declaraciones del presidente mexicano se dan luego de manifestaciones en el emblemático monumento a la Revolución de la Ciudad de México, así como en diversos espacios de la capital mexicana y después de varias semanas de “jornadas de lucha” que iniciaron en Guerrero, estado donde desaparecieron los estudiantes el 26 de septiembre de 2014.

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En los últimos meses se debate en México el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y también la extensión de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, algo que organizaciones civiles, oposición y expertos califican como militarización del país. Según Aguilar, el avance de la militarización del país se contrapone al reconocimiento por parte del Estado de la participación de militares en el caso Ayotzinapa, ya que en ocho años desde lo sucedido las Fuerzas Armadas han mostrado opacidad y la Fiscalía General de la República ha denotado ausencia de control del actuar de los militares. “Yo creo que lo que las organizaciones de derechos humanos hemos venido denunciando por muchos años es que la participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas de seguridad no dan cuenta de que sea una estrategia exitosa”, terminó la experta.

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