Una empresa fantasma, señalada por operar la recolección de firmas para la campaña presidencial del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, es el centro de un esquema multimillonario de lavado de dinero que involucra a más de 100 sociedades.
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De acuerdo con los datos publicados por el sitio electrónico Código Magenta, la empresa ATTAR 2715 SC es el eje central de la red facturera de evasión fiscal, a la cual se le detectaron alrededor de 70 mil transacciones y cuyas cinco principales entidades registraron un flujo de cinco mil 381 millones de pesos en entradas y cinco mil 940 millones de pesos en salidas.
Los datos revela que entre 2016 y 2018, ATTAR 2715 recibió transferencias bancarias por mil 442 millones de pesos. Según la investigación, estos ingresos se procesaron mediante una estructura de triangulación operada por cinco nodos centrales que realizaban envíos y depósitos bancarios de manera independiente por cientos de empresas y sociedades.
Dicha firma, cuyo domicilio fiscal se localiza en la ciudad de Puebla, fue señalada por el Instituto Nacional Electoral (INE) de participar junto con otras dos empresas, de nombre Grupo Comercial Gruten SA de CV y Piserra Construcciones SA de CV, de financiar con alrededor 6.6 millones de pesos la campaña de el Bronco como candidato independiente en 2018.
El reportaje conjetura que el apoyo económico que Rodríguez Calderón recibió de esta empresa en la recolección de firmas, tan sólo es “la punta del iceberg de una red de blanqueo de capitales” en el que se involucran constructoras, desarrolladoras inmobiliarias, aseguradoras, firmas de gestión de recursos humanos, así como consultorías.
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Según el reporte, estas firmas simulan operaciones entre empresas fantasma dedicadas a la venta de facturas y sociedades reales como la Cooperativa Cruz Azul, Lechera Tamariz o Actinver Casa de Bolsa.
La investigación expone al empresario del sector outsourcing, Sergio Castro López, como “uno de los presuntos factureros más importantes del país” y quien “habría diseñado” la denominada “Bronco red”.
El reporte refiere que Castro López fue objeto de una investigación realizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).
ATTAR 2715 “no siempre fue el destino final” de la red de las transferencias monetarias, siendo un proceso dinámico que “eventualmente” llamó la atención de la actual UIF, encabezada por Santiago Nieto, quien comenzó a poner lupa a empresas factureras que cayeran en la ilegalidad.
Sin embargo, actualmente no existe una denuncia formal ante la UIF o la Fiscalía General de la República por este esquema financiero.
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