Aprueba el Senado la "Ley Chayote", el proyecto para sobornar a los medios

Gustavo PinedaViernes, 27 de abril de 2018 17:16

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«Hoy perdió la democracia», describió el colectivo #MediosLibres tras aprobarse en el Senado la Ley General de Comunicación Social


¿Por qué aprobaron la "Ley Chayote"?

El Senado de la República aprobó en lo general, con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención, la Ley General de Comunicación Social, cuyo objetivo es reglamentar el modelo de propaganda gubernamental y garantizar que el gasto destinado a esta materia cumpla con distintos criterios de transparencia.


Sin embargo, organizaciones civiles y periodistas señalaron que dicha reforma permitirá que las malas prácticas en publicidad oficial continúen. Las modificaciones a la también llamada "Ley Chayote", representan la falta de escucha a las advertencias y críticas de quienes auguran que se acaban de legalizar las malas prácticas para premiar o castigar a los medios de comunicación.



¿Por qué es tan polémica?

A través de un comunicado, el colectivo #MediosLibres aseguró que la minuta votada no cumple con los criterios establecidos en la sentencia del 15 de noviembre del 2017 emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).


Al contrario, se buscó emitir antes del 30 de abril, fecha límite establecida por la Corte para no entrar en desacato, no se cumple con lo establecido en la sentencia ya que persiste «la vulneración a la libertad de expresión en su dimensión colectiva y también se traduce en una clara afectación a la dimensión individual de la libertad de expresión», según el colectivo.


Asimismo, la libertad de expresión se sigue viendo afectada al no establecer reglas claras en el tipo de gasto de la publicidad oficial. En opinión del colectivo, esta ley aprobada en el pleno del Senado «viola la libertad de expresión, de prensa y de información, ya que la ausencia de dicho marco normativo permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos».



¿Cuál es el antecedente?

Recordemos que esta ley, acusada de corromper a los medios, debió quedar lista desde 2014, cuando se aprobó la Reforma Política, pero se congeló cuando la SCJN la objetó y propuso reformar el párrafo 8 del artículo 134 en materia de publicidad oficial.


Este inciso dice que «el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos».


Sin embargo, la organización defensora de la libertad de expresión y prensa, Article 19, promovió el amparo ante los magistrados porque la ley no cumple con los criterios establecidos en la sentencia de la Corte.



Además, advierten que durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se han gastado más de 40 mil millones de pesos en publicidad oficial, una cifra histórica la cual apenas llega a unas cuantas familias, dueñas de los medios de comunicación.


De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), al menos 11 familias controlan la información en México, las cuales se ven beneficiadas con el 26.8 por ciento del presupuesto federal destinado a publicidad oficial.


¿Qué opinan los expertos?

Por su parte, organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), organizaciones internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las relatorías para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las Naciones Unidas (ONU), expresaron su preocupación ante este dictamen.



A través de un comunicado, Edison Lanza, de la CIDH, y David Kaye, de la ONU, indicaron que este proyecto deja un «amplio margen de discreción a las autoridades gubernamentales para establecer criterios para la asignación y uso de fondos gubernamentales para publicidad».


De no detenerse esta ley, entraría en vigor el 1º de enero, y continuaría con la discrecionalidad entre ciertos medios junto al gobierno, donde no existirían controles sociales para evitar que el dinero de tus impuestos termine en soborno para determinados medios.


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Gustavo Pineda Gustavo Pineda Periodista

Muy Guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Edomex y llegué al paraíso de la CDMX.

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