Cuando Andrés Manuel López Obrador estaba en campaña como candidato a la presidencia de la República, una de sus grandes promesas fue terminar con la desigualdad y darle más oportunidades a los más necesitados; un discurso recurrente en la historia política reciente del tabasqueño, quien ha reiterado sin cesar que se opondría al la distribución desigual de la riqueza y daría acceso a la población más vulnerable a los servicios que generalmente sólo benefician a los “privilegiados”.

Sin embargo, a seis meses de convertirse en presidente, AMLO tiene muchas deudas con esta promesa, en específico, con 10 programas sociales que tenían el objetivo de disminuir la desigualdad y que a la fecha no cumplen con esa premisa porque carecen de reglas claras y de “mecanismos de focalización”, reveló el diagnóstico más reciente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), La política social en México, sin rumbo ni destino.

Pero, ¿no que había dado más recursos?

La suma del presupuesto para esta muestra de programas aumentó un 5 por ciento en términos reales de 2018 a 2019. Sin embargo, “hay incertidumbre con respecto al destino de los recursos presupuestados, pues siete de los nueve programas que se eliminaron o que se desconoce cómo será su operación tienen presupuesto”.

¿Cuántos programas carecen de claridad?

Ocho de los 10 programas analizados tienen recursos asignados, lo que genera incertidumbre, así como retos para sus evaluaciones posteriores. Cuatro de ellos no tienen reglas claras y otros cuatro asumen que un ingreso adicional es suficiente para eliminar las fuentes de discriminación de los grupos vulnerados. Incluso, no cuentan con mecanismos para verificar que los apoyos los reciben las personas que más lo necesitan.

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A estos programas se les hicieron modificaciones que no generaron certeza para disminuir la desigualdad, lo que provocó que dejaran de cumplir con su objetivo esencial; disminuir las brechas existentes entre los grupos vulnerados. Al hacer dichas modificaciones, se dio por hecho que “un ingreso adicional es suficiente para eliminar la discriminación de los grupos vulnerados”. Sin embargo, no fue ni es así, pues “las transferencias monetarias no resuelven las necesidades” de estos grupos.

(Foto: Informe La política social en México, sin rumbo ni destino, del Instituto Mexicano para la Competitividad)

Esto quiere decir que cuatro de los cinco programas con mayor presupuesto se convirtieron en transferencias monetarias no condicionadas o con requisitos mínimos, lo que no necesariamente resuelve las necesidades de los grupos vulnerados. Esto quiere decir que aunque la transferencia aumenta su ingreso, no crea instituciones ni genera capacidades para que estos grupos puedan competir con otros más privilegiados. 

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¿Qué programas se cancelaron a pesar de la buena evaluación?

En el caso de dos de los 10 programas analizados, a pesar de que estos funcionaban correctamente y estar bien evaluados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Auditoría Superior de la Federación (ADF) y la Organización de la Sociedad Civil, Gestión Social, fueron eliminados.

Estos son: Prospera e Estancias Infantiles. Asimismo, Conversión Social, que también obtuvo buenos resultados, está en riesgo de desaparecer. Al eliminarlos, sentencia el diagnóstico, “la autoridad federal tomó una decisión no solo en contra de la evidencia, sino del bienestar de los beneficiarios de esos programas que sí funcionaban de manera adecuada”, dice el informe.

(Foto: YouTube)

¿Cuáles son los grupos más afectados?

Las mujeres, las personas con discapacidad y las personas con VIH/SIDA son los grupos vulnerados más afectados con estos cambios, debido a que no se ha observado una estrategia clara para cumplir con los objetivos de los programas modificados.

Eliminar a las organizaciones civiles no garantiza que se reduzcan las oportunidades de corrupción. Hay evidencia de que la opacidad podría ser mayor en los Gobiernos locales, como mostraron las auditorías de los programas de atención a víctimas de violencia y el de apoyo a personas con VIH/SIDA. Por lo que, adicional a los cambios, es fundamental incluir en los programas mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas.

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