Extorsionan y obligan a dueños de la Roma-Condesa a vender drogas

15 de enero de 2019

Cultura Colectiva

Dueños de negocios relatan sentirse acorralados por extorsiones y amenazas; reconocen que los obligan a que permitan la entrada a vendedores de drogas (primera de tres partes).


Mientras estás tomando una copa en un bar de la calle Nuevo León, en la colonia Condesa, un par de hombres está instalado en el baño o a un lado de la caja registradora del establecimiento donde bebes. Estas personas, que dicen pertenecer a la Unión del “B” (en otros casos se refieren a Unión de Tepito, que es un grupo distinto), ya tienen calculado cuánto les deberá el gerente esa noche.


“El cobro de piso”, una extorsión en la que la delincuencia organizada exige dinero a cambio de no hacerle daño a los dueños o empleados y “dejarlos trabajar”, se instaló y creció en esta zona de la ciudad como se filtra el moho en una pared.


“Primero te dejan operar unos meses, luego que ven que sí funciona el negocio se acercan a pedir la cuota; van a vigilarte para que no se infiltre otro grupo, pero luego se instalan a vender droga”, explica a Cultura Colectiva News y La Silla Rota el responsable de un establecimiento en dicha zona. Habla con temor desde un sitio secreto y pide se distorsione su voz que es grabada para la entrevista. “Tenemos miedo, ni la autoridad se quiere meter en esto”, confiesa.


La Silla Rota y Cultura Colectiva News realizaron más de una decena de entrevistas a gerentes, propietarios, empleados y colaboradores de establecimientos nocturnos ubicados en el cuadrante Roma-Condesa:

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Ellos describieron cómo, desde hace unos años, los criminales les han impuesto sus condiciones para dejarlos operar: dejarlos entrar y salir a sus anchas, consumir sin pagar, prohibir la entrada a quienes consideran sus rivales, vender droga y cobrar una cuota mensual de hasta 150 mil pesos.


Sin importar que en el último año la policía logró la captura de anteriores líderes de la organización, como José Alberto Maldonado López (quien se hacía llamar Roberto Moyado Esparza) “El Betito”, o David García Ramírez, “El Pistache”, las extorsiones se mantienen.

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La situación fue denunciada por dueños de negocios tanto a nivel local –con autoridades delegacionales (hoy alcaldías)–, como de la Ciudad de México, como a nivel federal, en oficinas de la PGR.


¿Cómo operan? ¿Cómo cobran? ¿Cómo controlan estos bares? Las autoridades investigan a la Unión del “B” (Betito) como la banda que amenaza y cobra el derecho de piso.

cobro de piso 2


¿Qué situación padecen?

Según lo relatado por los dueños o representantes y trabajadores de estos negocios, las cifras de las extorsiones van de los 15 mil a los 150 mil pesos mensuales, esto siempre depende de la actividad del negocio.


El cobro es mensual, por lo general se hace a través de los gerentes. Para los dueños es una forma de mantener distancia y manejable la situación.


El apoderamiento del negocio es paulatino. En estos relatos se cambiaron datos concretos para resguardar la identidad de las personas que accedieron a detallar la situación.

Abrimos desde hace aproximadamente X años (se omite el dato a petición). En un principio, todo normal y justo como a los meses de haber abierto, llegaron unas personas armadas a decirnos que iban a pasar ahí a vender; a vender sustancias... Nos asesoramos con personas que les estaba pasando lo mismo; incluso varios grupos de restauranteros y antreros de la zona, en su momento hablaron con Mancera (Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno 2012-2018) y el jefe de la policía. Hablaron de estos temas y no se pudo hacer mucho. No hubo como una acción inmediata, porque en realidad nadie se quiere aventar esa bronca.

Detallan que el modus operandi es similar: abre un negocio y estos grupos lo dejan operar unos meses, pero una vez acreditado, y con flujo constante de clientes, hacen la primera visita. Ésta consiste en amenazar al personal para que permita la venta de drogas.



Entonces, estuvieron yendo de forma… tranquila. Llegaban y se metían. Y, posteriormente, empezaban a como catear personas dentro del baño, porque a ellos les empezaba a preocupar la competencia que empezaban a vender también ahí; entonces, empezaban a catear… porque pensaban que estaban también ahí vendiendo o queriendo entrar.


Una vez adentro, el vendedor no sólo tiene la tarea de ofrecer estupefacientes, sino que monitorea el flujo de clientes en el lugar. Uno o dos meses después, el grupo delictivo hace una segunda visita en la que demanda una cuota mensual.

A raíz de esto, hubo ahí como algunas pláticas con ellos y nos pidieron ya una cantidad fija mensual.


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Los empresarios relatan que no tienen opciones ante estos grupos, pues las autoridades no solucionan nada.

Antreros y restauranteros estamos conscientes de que nadie se va a querer rifar ese tema por lo mismo de las represalias y por el negocio que implica. Yo no digo que estén metidos gente del gobierno en esto, pero sí pues todos tenemos familia y nadie quiere aventarse ese tiro.

Ante la presión del grupo delictivo, terminan por ceder parte de sus ingresos. Reconocen que en algunos casos la presión se incrementa.

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No estábamos dispuestos a perder la inversión y cerrar... Entonces, empezamos a dar esta cuota. También se platicó con ellos de que ok, vamos a dar esta cuota, pero ya no queremos tanto rollo, entonces, nos dijeron ‘va a ir una persona que va a estar pendiente de que no venga la competencia’. Entonces, una vez que ya estaba ahí esa persona que nada más iba supuestamente a checar que no fuera la competencia, también empezó a vender… entonces, pues, se puso todo un poquito más complejo porque era lo mismo de antes, pero ahora ya con una cuota mensual.

–¿De cuánto era la cuota? –se le pregunta.

De XX mil pesos (menos de 50 mil)... El lugar sigue operando y se mantiene la cuota. Y como llegan armados y si no eres cordial o así, pues en cualquier momento te matan… si no cumples… seguimos operando ahí normal, pero ahorita ya subió la cuota…. Ahorita ya son XX? mil (menos de 90 mil).


–¿Saben de qué grupo delictivo son?

Sí, de La Unión...


–¿Piensan que puede cambiar la situación con las nuevas autoridades en los tres niveles?

No. Mucho grupos han ido. Antreros y restauranteros estamos conscientes de que nadie se va a querer rifar ese tema por lo mismo de las represalias y por el negocio que implica porque es algo que está pasando en todo el país no nada más aquí.



El celular que reveló conversaciones de La Unión con antreros

La tarde del 5 de agosto de 2018, una motocicleta Yamaha R6 y un Infinity plata jugaban “carreritas” por calles de la Narvarte. Ambos vehículos aceleraban por Avenida Cuauhtémoc y frenaban de golpe en los semáforos. Se retaban con el rugir de los motores al tiempo que sus conductores reían estruendosamente.


Un par de policías preventivos los observaron y minutos después los detuvieron. Se habían sacado la lotería, pues sin saberlo, habían arrestado a uno de los líderes más importantes de la Unión de la B: Víctor “El Alor”.


Hasta ese momento, “El Alor” de 26 años de edad, era una incógnita. No se sabía el rol que jugaba en la organización criminal, pero en definitiva era uno relevante.


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Agentes del Estado Mayor Policial, de la entonces Secretaría de Seguridad Pública capitalina, comenzaron a investigarlo y lo que encontraron fue la evidencia de que la Unión tiene contacto directo con supuestos empleados de antros de la Roma Condesa tanto como para vender droga allí como para extorsionar a los dueños.


En el teléfono celular de “El Alor” había cuatro números a los cuales marcaba frecuentemente; uno pertenecía a Alan F., otro a David García Ramírez “El Pistache”, y los últimos dos a “Shooker” y Carlos.


De acuerdo con el informe “Análisis Portación de Arma y Narcomenudeo”, del área de Inteligencia de la SSP, los contactos Shooker y Carlos resultaron ser supuestos trabajadores de dos antros ubicados en la Roma.


No sólo eso, ambos estaban en un grupo de WhatsApp denominado “Cabezas Condesa”, perteneciente a la Unión, donde se informaba sobre los dealers que entrarían a los antros cada fin de semana. En dicho grupo, de igual manera se avisaban sobre operativos policiales, afluencia de clientela, ofertas en cuanto a venta de droga y movimientos de la “competencia”.


Hasta ahora, “Shooker” y Carlos no han sido plenamente identificados, pero sus números telefónicos están vinculados a cuatro cuentas de Facebook que dan pistas a las autoridades. En el teléfono de otro de los detenidos junto con “El Alor” había número telefónicos vinculados con otros dos centros nocturnos de la Condesa.


Según la indagatoria, compartida con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en los chats de los grupos, los supuestos empleados de antros participan activamente. Son enterados no sólo de qué “dealer” acudirá cada noche, con el fin de facilitarles su operación, sino que también se les da droga para vender y realizan trabajos de vigilancia para que ningún otro narcomenudista esté en el sitio.


A lo largo de la noche, en las conversaciones donde participan los trabajadores, se intercambian lo mismo fotografías de clientela consumiendo cocaína en el baño, y de cómo el producto se va acabando.


“El Alor”, así como las otras dos personas con las que fue capturado en agosto pasado ya está libre, pese a que se le decomisó droga y un arma de fuego.


El problema se dejó crecer: alcalde 

Después del episodio de la desaparición y muerte en 2013 de 12 jóvenes del antro Heaven, en la Zona Rosa, empezaron a llegar los primeros “cobros de piso” a la zona. El problema creció y las autoridades capitalinas poco o nada hicieron para frenarlo, según señala el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez.


“Desde la campaña tuvimos comunicación con propietarios mercantiles, denunciaban la existencia de extorsión y cobro de piso en diversas modalidades… es un tema complicado porque los establecimientos no han denunciado, tienen miedo de denunciar por la vinculación que existía entre la corporación de justicia y el crimen organizado”, reconoce en entrevista con La Silla Rota y Cultura Colectiva News.


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El funcionario aseguró que en la presente administración de la jefatura de gobierno, que inició el 5 de diciembre pasado, se están cambiando a los fiscales y revisando la actuación de mandos para depurar y dar mayor seguridad a los ciudadanos para que denuncien.


La Silla Rota y Cultura Colectiva News solicitaron entrevista a la Procuraduría de la Ciudad de México, pero no se tuvo respuesta positiva sobre la petición.


Mientras, gerentes y propietarios de bares viven día con día acorralados por el grupo que los amenaza y los mantiene en vilo mientras no haya un pago acordado.

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*Este reportaje fue realizado por el grupo de reporteros de Cultura Colectiva y Antonio Nieto de La Silla Rota.


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