Quintana Roo, el 'paraíso' de las detenciones arbitrarias y abusos policiales

3 de abril de 2021

Gustavo Pineda

Las detenciones arbitrarias son el hecho violatorio más señalado en el año 2020, según datos de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo.


Las detenciones arbitrarias se convirtieron en uno de los principales abusos policiales registrados en el estado de Quintana Roo, según datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 


De acuerdo con el Informe 2020 de la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Quintana Roo, uno de los principales hechos violatorios registrados en la entidad es la detención arbitraria, seguido de las quejas de tratos crueles y degradantes, y el ejercicio indebido de la función pública de agentes de seguridad hacia la ciudadanía. 


Según el informe, durante 2020 se registraron mil 587 quejas, donde las autoridades más señaladas por hechos violatorios fueron la Fiscalía General de Justicia del estado de Quintana Roo (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), Servicios Estatales de Salud (SESA), y el Poder Judicial de Quintana Roo (PJE). 


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El 'paraíso' donde los policías detienen y denigran

La Comisión de Derechos de Quintana Roo tiene registradas 379 quejas contra la FGE, los tres principales hechos violatorios señalados son los siguientes:

  • Dilación en la procuración de justicia
  • Ejercicio indebido de la función pública
  • Irregular integración de averiguaciones previas 

Mientras que en la Comisión señala que la SSP tiene 196 quejas por los siguientes hechos violatorios: 

  • Detención arbitraria
  • Trato cruel y degradante
  • Ejercicio indebido de la función pública

La Comisión estatal apunta que las cinco autoridades municipales más señaladas por hechos violatorios son: 

  • Agentes de seguridad pública y tránsito
  • Presidencias municipales
  • Juezas/jueces calificadores
  • Direcciones de seguridad pública y tránsito municipal
  • Direcciones de cárceles municipales

El año pasado, al menos 335 quejas se emitieron contra agentes de seguridad pública y tránsito, principalmente por detenciones arbitrarias, tratos crueles y/o degradantes, mientras que 58 fueron contra presidencias municipales por ejercicio indebido de la función pública, dilación en el procedimiento administrativo, y actos y faltas contra el debido funcionamiento de la administración pública. 


De las 58 quejas contra presidencias municipales, 16 fueron contra las alcaldías de Solidaridad, 11 en Othón P. Blanco, nueve en Lázaro Cárdenas, ocho en Cozumel, cuatro en Puerto Morelos, cuatro en Tulum, tres en Felipe Carrillo Puerto, dos en Benito Juárez y uno en el ayuntamiento de José María Morelos. 


De las 31 recomendaciones emitidas en 2020: 16 por ciento fueron por detenciones arbitrarias y 13 por ciento por tratos crueles y/o degradantes. 12 recomendaciones fueron dirigidas a los ayuntamientos por actuaciones irregulares de los agentes de seguridad pública en los municipios de Bacalar (3), Cozumel (2), Othón P. Blanco (2), Benito Juárez (3) y Puerto Morelos (2). Estas recomendaciones son principalmente por detenciones arbitrarias, violaciones a los derechos de las mujeres, derecho a la vida, uso excesivo de la fuerza, libertad de expresión, seguridad jurídica, derecho a la manifestación, libertad personal e integridad personal. 


Al menos cuatro fueron en contra de SSP por delitos contra la libertad de expresión, detención arbitraria, violación al derecho a la salud y de las personas con discapacidad. 


Ante estos datos, la Comisión ha emitido recomendaciones y al menos 266 quejas iniciadas de oficio contra las autoridades, principalmente contra la Fiscalía del estado. 

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Autoridades municipales, las más señaladas

En entrevista con Cultura Colectiva News, el maestro Marco Antonio Tóh Euán, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo señaló que la autoridad más mencionada, con aproximadamente 400 quejas, fueron las autoridades municipales. 


Tuvimos casi 400 quejas realizadas en contra de corporaciones policiacas municipales, esto nos habla de la demanda que hay en la seguridad pública y por eso es importante la profesionalización, fortalecer los exámenes de control de confianza con enfoque a derechos humanos y crear grupos de reacción especializados en diversos temas de derechos humanos”, dijo en entrevista vía telefónica sobre las acciones necesarias para capacitar a las autoridades municipales.  


Una de las detenciones arbitrarias que marcó un precedente de la falta profesionalización y la insensibilidad de las autoridades fue el asesinato de Victoria Esperanza Salazar Arriaza, una mujer de origen salvadoñera que fue asesinada durante una detención arbitraria por policías municipales de Tulum. 


Victoria Esperanza Salazar, de 36 años y residente en México con una visa humanitaria desde 2018, fue sometida por cuatro policías del enclave turístico de Tulum, que ya están procesados por feminicidio.


El deceso de Salazar, grabado en video, ha motivado protestas de organismo internacionales y grupos que acusan a las fuerzas de seguridad mexicanas de racismo y misoginia, además de reclamos de El Salvador.


Varia agencias de la ONU, como la OIM, Acnur y la ONU-DH, condenaron el asesinato de la mujer y pidieron a las autoridades una investigación "pronta e imparcial".


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Sobre este caso, el titular de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo lamentó el suceso, e indicó que iniciaron la queja de oficio y que recibieron un oficio para turnar el tema a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 


"La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, acordó la radicación de oficio y atracción del caso de una mujer, de nacionalidad salvadoreña, que murió al ser sometida por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Tulum, Quintana Roo", indicó el ente en un boletín.


Ello "ante los presuntos hechos violatorios de derechos humanos que fueron difundidos en medios de comunicación en días pasados", dijo la CNDH, que calificó los hechos de "lamentables".


Los hechos ocurridos la tarde del sábado anterior ameritaron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo por probable uso excesivo de la fuerza.


Por estos hechos, la Fiscalía General del estado de Quintana Roo inició también una investigación, explicó el boletín.


"La CNDH integrará el expediente de queja respectivo y, en su momento, emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda", indicó el organismo.


El ente de derechos humanos explicó que atrae el caso porque es un asunto de interés "nacional" y con "la finalidad de investigar posibles actos u omisiones cometidos por parte de servidores públicos del Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, así como de la Fiscalía General de Justicia de ese estado, que por su naturaleza pudieran resultar de especial gravedad y constituir violaciones a los derechos humanos".


El acuerdo para atraer el caso ya fue notificado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, a la Fiscalía General de ese estado y la Dirección Municipal de Seguridad Pública en Tulum.

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Los casos de detenciones en Tulum

El presidente de la Comisión de Derechos en Quintana Roo agregó que Tulum tienen un número considerable de abusos registrados de policías en el municipio.


Nosotros tenemos un total de casi 20 quejas durante 2020 contra la policía de Tulum, es un número considerable por municipio, pero por varios incidentes en Tulum, no solo detenciones arbitrarias. Este desafortunado incidente fue un hecho aislado, es decir, es la primera vez que ocurre un caso como este en Tulum”, dijo. 


A comparación de años anteriores, el maestro Marco Tóh señaló que las quejas contra la policía han aumentado un poco, y que la seguridad pública es una de las más demandadas que corresponde a que “la gente denuncia más, y por eso hemos fortalecido los lazos de vinculación con cada municipio”. 


El caso de Victoria no ha sido el único de una detención arbitraria en Tulum que se volvió viral en redes sociales, otro ejemplo ocurrió el pasado 21 de febrero, cuando los policías municipales retuvieron a una pareja gay por besarse en la playa. 


Maritza Escalante, Delegada Municipal de Mujeres en Movimiento Tulum del partido Movimiento Ciudadano (MC) detalló en entrevista con CCNews que los hechos ocurrieron el pasado domingo 21 de febrero en playa Akiin, en Tulum. 


“Fueron detenidas tres personas, dos estadounidenses, y un guía de turista que vive en Mérida”, dijo.


Comentó en exclusiva que ella formalizó su denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra los uniformados que retuvieron a los turistas de la comunidad LGBT. 


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El poder de las redes sociales frente a los abusos policiales

Martiza Escalante, de 18 años de edad, publicó en sus redes sociales el momento donde policías retuvieron por algunos momentos a turistas extranjeros porque presuntamente estaban besándose en la playa. 


La grabación de Maritza se volvió viral en TikTok y alcanzó a los principales medios de comunicación del país, y el extranjero. “Quiero expresar mi enojo porque la policía aquí en Quintana Roo es homofóbica”, dijo en su video que alcanzó millones de reproducciones.


Ese día, Martiza se encontraba con su familia en la playa, cuando observó que algunos uniformados en cuatrimotos rodearon a un grupo de turistas de la comunidad LGBT, e intentaron arrestarlos, sin embargo, la presión de las personas que estaban en la zona provocó que los dejaran retirarse.  


La policía se excusaba de que alguien reportó que estaban teniendo relaciones sexuales en la playa, pero cuando se investigó todo, no había ningún reporte”, denunció. “La pareja solo se estaba besando, y estaban disfrutando un momento agradable en la playa”, apuntó en entrevista vía telefónica.


El titular de la Comisión de Derechos de Quintana Roo añade que las redes sociales han sido una herramienta importante para aumentar las denuncias ante los hechos violatorios de derechos en la entidad. 


Añadió que durante la pandemia han gestionado cerca de 900 quejas, y que la mayoría han sido mediante redes sociales y vía telefónica. 


Mientras, el año pasado al menos 794 gestiones fueron realizadas por la Comisión para resolver conflictos de manera pronta entre sociedad y autoridades. Señalaron que al menos 190 casos, las víctimas recibieron atenciones médicas, 199 en atenciones psicológicas y 77 en evaluaciones médico-psicológicas por tortura en centros de atención a víctimas. 


De las gestiones, el 17.51 por ciento corresponde contra quejas a seguridad pública y 20.65 por ciento a asuntos municipales, agregaron en el reporte 2020.


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* Fotografía de portada: TW/Collage.


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Gustavo Pineda Gustavo Pineda Periodista

Periodista guerrerense, apasionado por las historias de derechos humanos.

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