Una fumigación ordenada por el equipo de Lorena de la Garza, diputada local de Nuevo León, mató o ahuyentó ejemplares de mariposa monarca que descansaban en un parque de Monterrey durante su ruta migratoria. El video se viralizó el fin de semana, y en cuestión de horas una petición en Change.org superó las 15 mil firmas exigiendo su destitución. Ahora el activista ambiental Arturo Islas Allende anunció que presentará denuncias ante la Profepa y la FGR, invocando el artículo 420 del Código Penal Federal, que contempla penas de uno a nueve años de prisión por daños a especies protegidas.
Qué pasó en el parque junto a la iglesia Natividad
Los trabajadores de la diputada aplicaron productos químicos con aspersores en un parque ubicado junto a la iglesia Natividad, previo a una jornada de vacunación organizada por su equipo. En las imágenes que circularon en redes se ven decenas de mariposas monarca posadas en los árboles mientras los fumigadores operan alrededor. La mariposa monarca está protegida por la NOM-059-SEMARNAT-2010, que la clasifica como especie sujeta a protección especial, lo que convierte cualquier daño intencional o negligente en un asunto con consecuencias penales.
Lorena de la Garza publicó un comunicado en Instagram reconociendo el error: “Mi equipo realizó una fumigación que no debió haberse llevado a cabo, especialmente durante el paso de la mariposa monarca. Fue un error y asumo la responsabilidad por lo ocurrido”. Dijo también que, al enterarse, ordenó suspender los trabajos y consultó con especialistas. Pero la disculpa no frenó la indignación — para el lunes qué es la NOM-059 y qué especies protege, la petición en Change.org ya había cruzado las 15 mil firmas.
Las denuncias que pueden costarle caro a la diputada
El activista ambiental Arturo Islas Allende anunció que presentará denuncias formales ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fiscalía General de la República (FGR). La petición ciudadana advierte que los hechos podrían encuadrar en el artículo 420 del Código Penal Federal, que establece penas de uno a nueve años de prisión y multas para quienes dañen ejemplares de especies bajo protección especial, siempre que se acrediten los elementos del delito. Corresponderá a las autoridades determinar si hubo daño real y quién resulta responsable.
La presión ciudadana no solo apunta a una sanción penal, sino a la remoción del cargo. La diputada anunció que revisará los protocolos internos de su equipo para evitar que algo así se repita, pero organizaciones ambientalistas insisten en que una disculpa no es suficiente cuando hay una especie migratoria de por medio y una ley que ya establece las consecuencias.
