María Consuelo Córdoba tenía 32 años cuando su expareja la atacó con ácido en Bogotá. Desde ese día, pasó por cerca de 87 cirugías, 26 años de hospitalizaciones y un dolor que ningún procedimiento logró erradicar del todo. Hoy, a sus 58 años, respira con dos tubos de plástico, protege su rostro del sol con una máscara artesanal y vive en una habitación en la localidad de Puente Aranda pidiendo dinero en la calle. La eutanasia ya está autorizada; la decisión de usarla es suya.
Lo que 26 años y 87 cirugías no pudieron resolver
El ataque ocurrió en Bogotá y dejó a Córdoba con quemaduras que requirieron décadas de intervenciones reconstructivas. Durante todo ese tiempo, las cirugías cubrieron lo que el sistema público podía cubrir, pero los procedimientos estéticos que aún necesita —los que podrían mejorar su calidad de vida de forma visible— no están incluidos en la atención pública y sus costos están fuera de su alcance. Eso, en términos concretos, significa que se agotó el camino médico accesible para ella.
Las secuelas son físicas y cotidianas: utiliza dos tubos de plástico para respirar y no puede salir sin una máscara artesanal que proteja su piel del sol. Su situación económica complica todavía más el panorama — vive en una habitación en Puente Aranda y pide dinero en calles y transporte público para cubrir gastos básicos. Para alguien que lleva más de dos décadas en hospitales, la dignidad económica tampoco llegó.
La promesa al papa y la eutanasia que ya tiene nombre propio
En 2017, cuando el papa Francisco visitó Colombia, María Consuelo Córdoba le prometió que no recurriría a la eutanasia mientras hubiera esperanza de continuar con sus tratamientos. Era una promesa condicionada, no una renuncia. Y la condición, según ella misma, ya no se cumple.
La autorización para practicar el procedimiento existe desde hace cuatro años. Según Capital Salud —la entidad que administra su caso—, la decisión de ejercerla depende únicamente de Córdoba. No hay más trámites, no hay más instancias. Hay una mujer de 58 años que pasó por el mismo debate que Noelia Castillo y que ahora tiene que decidir si esa promesa de 2017 sigue vigente.
El caso de María Consuelo Córdoba pone sobre la mesa algo que las discusiones sobre eutanasia suelen esquivar: qué pasa cuando una persona no muere por una enfermedad terminal en sentido clínico, sino por el agotamiento acumulado de 26 años de dolor sin respaldo económico. La eutanasia en Colombia es legal desde 1997 para casos de sufrimiento intenso; el debate aquí no es jurídico. Es humano.
