El caso Ayotzinapa se reactivó con una detención que nadie esperaba tan pronto: la de Ángel Aguirre Rivero, exgobernador del Estado de Guerrero, acusado de ordenar la destrucción de videograbaciones de la noche del 26 de septiembre de 2014. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este viernes que hay nuevas líneas de investigación en marcha —basadas en el cruce de llamadas de esa noche— y advirtió que podrían derivar en más arrestos. El objetivo, dijo, sigue siendo el mismo desde hace más de una década: saber la verdad y encontrar a los 43 normalistas.
Qué encontró la FGR que llevó a detener a Aguirre Rivero
La Fiscalía General de la República revisó con mayor detalle las carpetas de investigación del caso, concentrándose en algo que llevaba años ahí: las sábanas de llamadas telefónicas de la noche de las desapariciones y los días posteriores. Según explicó Sheinbaum, el trabajo consistió en rastrear qué llamada se conectó con cuál, qué persona habló con quién, a qué hora y cuántas veces. Ese tejido de comunicaciones apuntó a Aguirre Rivero, quien gobernó Guerrero entre abril de 2011 y octubre de 2014.
Pero el dato más contundente es otro: las investigaciones iniciales concluyeron que las videograbaciones del autobús Estrella de Oro 1531 —en el que viajaban varios de los estudiantes cuando se detuvieron frente al Palacio de Justicia de Iguala— no existían por fallas técnicas del sistema de videovigilancia. Las nuevas diligencias demostraron que esa versión era falsa. Alguien las borró. Y la FGR señala al exgobernador como responsable de esa orden. Qué pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa
Aguirre Rivero ingresó al Cefereso número 1, conocido como el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México —la misma prisión de máxima seguridad donde han estado figuras como el Chapo Guzmán. Sheinbaum fue enfática: la detención no tuvo ningún trasfondo político.
Qué sigue: rueda de prensa, más carpetas y contacto con las familias
La presidenta adelantó que pronto habrá una conferencia específica donde la FGR y la Covaj (Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa) presentarán el estado de las carpetas, las líneas activas y los avances concretos. Será, en sus palabras, con ‘transparencia’ —en la medida en que el proceso legal lo permita.
Los familiares de los 43 estudiantes mantienen comunicación permanente con el subsecretario de Derechos Humanos Arturo Medina y con el fiscal del caso, Omar Gómez Trejo. Esa será la vía oficial mientras avanza la investigación. Hasta hoy, solo se han identificado los restos de tres de los 43 jóvenes que desaparecieron hace más de diez años cuando se dirigían a Ciudad de México para conmemorar la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. El caso sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más graves registradas en México en tiempos recientes, y la detención de Aguirre Rivero es la señal más clara en años de que el expediente no está cerrado.
